La pesca marítima en el atlántico sur ha estado siempre presente en las negociaciones de Malvinas. Pareciera un tema menor que los gobiernos de turno ofrecen como moneda de cambio; ya sea, para buscar su reinserción en Europa (Cavallo, 1989) o para dar muestras de voluntad de diálogo con el Reino Unido (Malcorra, 2016). Ambos, anteponen supuestas urgencias económicas y diplomáticas -aunque los escenarios sean distintos- a los sólidos fundamentos históricos, jurídicos, territoriales, económicos y sociales, qué con el apoyo mayoritario de las naciones, respaldan los derechos argentinos sobre Malvinas.
Refieren muchos expertos que un potencial acuerdo relativo al Petróleo sería consolidar definitivamente la posición inglesa en Malvinas. Y ello es absolutamente así; pero la explotación de los recursos pesqueros en el mar argentino es lo que les ha permitido a los ocupantes de Malvinas sobrevivir durante estos últimos 35 años.
El martes 13 tomamos conocimiento de la Declaración conjunta de la Cancillería Argentina y británica, que respecto a esta materia indica: “…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos“, manteniendo la “fórmula del paraguas” de los llamados Acuerdos de Madrid.Quedamos verdaderamente azorados: ni las “relaciones carnales” de Di Tella, se habían atrevido a remover todos los obstáculos para asegurar el desarrollo sustentable de Malvinas y los británicos ocupantes de las Islas.
Supondrán los firmantes de esta Declaración que la Argentina modificará la Constitución Nacional para eliminar “la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes…”; también laConstitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; la Ley 24.922/98 que refiere a que “…son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la Z.E.E. Argentina..”; lasLeyes 26.386/8, 26.659/11 y 26.915/13 que establecen prohibiciones y sanciones a las empresas que radicadas en el continente nacional realicen actividades en el atlántico sur sin autorización del gobierno nacional; y otras normas. Supondrán, finalmente, que el pueblo argentino y su representación en el Congreso[1], admitirá semejante enajenación, ignorando un sentimiento incorporado al ser nacional, por el que combatieron y murieron nuestros compatriotas.
El Presidente Macri respecto a este comunicado manifestó[2] “es una declaración, donde cada uno plantea lo que quiere discutir. Nosotros planteamos el tema de soberanía y de pesca, y ellos la exploración de petróleo y la conexión aérea con la isla”. Y notablemente, el gobierno en forma espontánea (¿?) pone nuevamente a la pesca en el centro del debate.
Ya en 1821 se dictó una ley de pesca para controlar los buques extranjeros que amenazaban los recursos del mar austral. Ello dio lugar en 1829 a que se apresaran tres buques pesqueros norteamericanos y en 1833 los ingleses se apropiaron en forma violenta de las Islas.
El 16 y 17 de agosto de 1989 en Nueva York se reunieron los embajadores Crispín Tickell por Reino Unido y Lucio García del Solar por la Argentina. Le dijo el Embajador inglés al argentino[3]: “…No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público respecto a la Zona de Exclusión Pesquera (FICZ) existente. Simplemente, que deje que sigan las cosas”. A lo que éste respondió3: “…El levantamiento de la zona de militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ”. A consecuencia de esta graciosa (¿?) cesión se fortalecieron económicamente las Islas; y el Reino Unido, se cobró en 30 años por la derrota en Malvinas, a través de la captura de moluscos y peces, la suma de 20.880 millones de dólares; lo que supone un valor comercial final, del orden de los 147.830 millones de dólares. Miles de empleos, cientos de industrias, el fortalecimiento de los pueblos del litoral marítimo y la soberanía nacional se dejaron de lado.
El Director Británico de Recursos Pesqueros en Malvinas John Barton manifestaría el 14 de marzo de 2012 “Sin las Licencias de Pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas”.
La posibilidad de vuelos a terceros países desde y hacia Islas, y la carga de insumos y recambio de tripulaciones para los más de 500 buques extranjeros que operan en el Atlántico Sur, transformaría a Malvinas en el centro logístico pesquero más importante del cono sur, lo que junto a los anuncios de la construcción de una zona franca en Uruguay por parte de China, no solo llevaría a la quiebra de la actividad pesquera argentina, sino acrecentaría aún más la ocupación extranjera del Atlántico sudoccidental; y por cierto, consolidaría la posición británica en Malvinas.
A pesar de que “los Acuerdos de Madrid” fueron diseñados a la medida del Reino Unido, éste lo ha violentado en forma sostenida, ampliando su ocupación marítima y explotando los recursos naturales argentinos, desacatando todas las normas y recomendaciones internacionales. Desatendiendo la conocida resolución de las Naciones Unidas 2065/65; pero en materia de apropiación de los recursos naturales la Nº 31/49 que “Insta a las partes a abstenerse de ejecutar medidas unilaterales en el área en disputa” y las Nros. 3171/73; 3175/73 Y 3336/74 que “Afirman el derecho de los Estados cuyos territorios están bajo ocupación extranjera a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales; declarando que, la explotación de los recursos naturales en esos territorios, son ilegales e, instando a poner fin inmediato; a restituir los recursos naturales y a la plena indemnización por la explotación y daños causados…”. Si el gobierno argentino no resguarda su soberanía con lo dispuesto en estas Resoluciones de las Naciones Unidas y cede sus recursos pesqueros es poco -nada- lo que podemos esperar respecto a la restitución de nuestro territorio.
Pero el Reino Unido no solo se apropia de nuestros recursos, también lo depreda y contamina, violando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar[4]. Respecto a esta Convención El Reino Unido en Malvinas otorga licencias de pesca con el “sistema olímpico”, no investiga, no preserva ni industrializa; es decir, no realiza una explotación equitativa, eficiente y sin contaminar. Los británicos depredan en Malvinas y contaminan el medio marino en forma incompatible con la explotación pesquera cuando efectúan una captura ilegal y sin control y la exploración unilateral de hidrocarburos. Del mismo modo, los ingleses no tienen las necesidades de los países en desarrollo a las que refiere la Convención ya que los habitantes implantados en Malvinas son británicos que no consumen ni hacen un aprovechamiento acabado del recurso limitándose a otorgar licencias pesqueras a países desarrollados (España, Rusia, etc.). Finalmente -a través de las licencias- capturan recursos pesqueros migratorios originados en la Zona Económica Argentina o los asociados que forman parte de la cadena alimentaria, es decir que no actúan en forma pacífica cuando se apropian de recursos argentinos.
La Argentina ha dicho al sancionar[5] la Ley 24.543 “…teniendo presente el interés prioritario de conservar sus recursos de la Z.E.E. y el área adyacente…el gobierno está facultado para adoptar todas las medidas necesarias…el gobierno argentino manifiesta que no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado…el gobierno considera de mayor importancia…”. Debiera entonces obrar en consecuencia y no acordar la explotación de sus recursos.
El desaparecido dibujante Caloi, comprometido con Malvinas en ocasión del Acuerdo de Madrid (1989/90) nos ilustró claramente la política que llevó adelante el gobierno de Menem y que se profundiza con las recientes declaraciones de la Canciller Malcorra.
El camino no es facilitar el crecimiento y desarrollo actual de las Islas, es denunciar los Acuerdos de Madrid y comenzar a formular una Política de Estado con el concurso de embajadores especializados, ministros, legisladores y expertos en materia de defensa, recursos, navegación, etc. y la aprobación pertinente del Congreso de la Nación.
Desde la Pesca hay disponible un conjunto de herramientas que pueden ayudar a revertir el statu quo de Malvinas; muchas de las cuales no podemos ventilar por razones obvias; pero, sí podemos mencionar el proyecto S-2548/16 de Ley Nacional de Pesca Marítima presentado por los Senadores Nacionales Solanas (PS); Abal Medina (FPV); Durango (FPV); Linares (FAP); Martinez A (UCR); Odarda (AFP); Pereyra (FPV); Pichetto (FPV); Rodriguez Saa (ACF), que demuestra la voluntad de distintos partidos políticos, no solo de avanzar sobre cuestiones de administración y desarrollo pesquero, sino de proveer las herramientas necesarias para ocupar el Atlántico Sur y tener bajo control los territorios marítimos e insulares nacionales.
Malvinas no son solo una parte de nuestro territorio son un símbolo nacional que nos une y nos obliga como nación soberana.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca
Ex Secretario de Estado
27 de septiembre de 2016
[1] Los Senadores y Diputados de la Nación por unanimidad aprobaron una declaración que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre Malvinas y rechazan la explotación de nuestros recursos (21.9.16).
[2] Urgente24.com, 20/9/16.-
[3] Cardozo Oscar R (Clarín), pág. 10, 29.3.92.
[4] Convención de las Naciones Unidas. Los Considerandos, los Art. 1/62 al 73/88/101/3/5-142/5-142/5-192 a 199 y ss
[5] La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ley 24.543/95 ART. 2º a), c) y d)