“Promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” reza el preámbulo de nuestra Constitución. Es más, en su artículo 25º establece que “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. La Argentina es un país abierto que le dio abrigo a millones de inmigrantes de cientos de nacionalidades distintas, incluso a los originarios de la Gran Bretaña: irlandeses, escoceses, galeses y hasta ingleses. Ello, no solo les permitió huir de la pobreza de sus países de origen, sino, también amasar fortuna en la Argentina y contribuir al desarrollo de nuestra joven nación.
Por imperio de los Artículos 5º; 8º; 14º; 14º bis; 42º; 75º incisos 22/23 y el artículo 125º de la Constitución Nacional la Argentina les garantiza a los residentes del Archipiélago de las Malvinas de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el derecho de estudiar, asegurar su salud, trabajar, ejercer toda actividad lícita y otros derechos, e incluso, por aplicación del artículo 75º inciso 17 reconocer “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” garantizándoles “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural…”, garantías que también les alcanza a los extranjeros por el artículo 20º.
En todo el territorio de la Nación no hay más aduanas que las nacionales (Artículo 9 C.N.) ¿por qué entonces, no habríamos de permitirles a los habitantes de Malvinas estudiar, cuidar su salud o hacer negocios en el continente argentino?
Ahora, una cosa es que los isleños puedan hacer todo tipo de actividad en el continente nacional y otra “que quienes vivan en las islas sientan que pueden llegar a Argentina” (sic)[1] como declaró recientemente en Londres el canciller Jorge Faurie, como si las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur no fueran parte de nuestro territorio nacional.
Una afirmación de este tipo puesta en boca de cualquier ciudadano analfabeto podría considerarse como un desconocimiento brutal de los límites de nuestro territorio, pero, tratándose del Canciller argentino, no deberíamos pensar que solo se trata de un mero exabrupto -igualmente impropio para un diplomático de carrera- sino de un bestial sincericidio, que expresaría con total franqueza la profundización de las políticas probritánicas de las últimas décadas, que en estos años ratificó primero, la Canciller Susana Malcorra[2], con la firma del Acuerdo de Foradori-Duncan y, luego, el actual ministro Jorge Faurie, con el objeto secundario de lograr la visita oficial al Presidente Macri de la primera ministra Theresa May, con motivo de su presencia en la Cumbre del G20; pero, que podría constituirse en la ocasión para anunciar algunas de «… las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» conforme el citado acuerdo de 2016.
El ministro secretario Faurie, no puede ignorar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 1.639.900 km2 del Atlántico Sudoccidental que ocupa en forma preponte Inglaterra son Territorio Argentino, cuya recuperación es “…un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” y, más allá de las obligaciones que le impone el cargo, entendemos que el mismo debe sujetarse con cierto decoro, ya que no nos imaginamos el excéntrico Boris Johnson, entonces el Canciller británico, mucho menos al actual, el arcaico David Lidington, ni al más generoso de los parlamentarios británicos, refiriéndose a Malvinas como tierra argentina.
Por cierto, no deberíamos olvidar el estado en que se encuentra la educación y la salud pública, la alta inflación y la presión impositiva que padecemos a la hora de interesar a argentinos o extranjeros en realizar sus actividades en nuestro país.
Finalmente, habría que requerirle al ministro secretario Faurie cierta seriedad, las mínimas que rigen en las reglas de ceremonial que este señor parece conocer, ya que aquí, no se trata de una simple ubicación protocolar, sino de una inaceptable colonización a la que se nos conduce aplicando la fábula de la rana y el agua hirviendo. Las relaciones exteriores de nuestra nación deben expresar la voluntad del pueblo y, los argentinos, pueden soportar la difícil situación económica en la que viven, pero no la indignidad de perder la identidad cultural o el espacio territorial sostenido con anterioridad al nacimiento de la República.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca.
Ex Secretario de Pesca
26 de octubre de 2018
[1] El País, 26/10/18
[2] Quien compitiera fallidamente por obtener la Secretaria General de la ONU.