Nos interesa escribir para los millones de argentinos que «viven de espaldas al mar» y para quienes comienzan a sufrir la enajenación de nuestros recursos naturales y el encarecimiento de los servicios públicos. Todos estamos afectados por décadas de gobiernos -por lo menos- incapaces. Por ello, el lenguaje debe ser lo más alejado posible del tecnicismo con que no agobian estos temas alejados de la gente. Trataremos entonces, de explicar sencillamente esta actividad industrial y las razones de su decadencia.
La industria pesquera exportadora no puede escapar a las generales de la ley en un país con gobiernos sin proyecto nacional marítimo y pesquero, con un costo interno desmesurado y creciente, que dificulta la explotación de los recursos del atlántico sur y su proceso industrial, dejando fuera de competencia, día a día, a esta actividad de interés económico, social y estratégico. Un verdadero cuento de la buena pipa. Nadie puede imaginar un presente ni un futuro promisorio en esta u otra actividad exportadora, en un país con una inflación altísima, cuando nuestros principales compradores de productos pesqueros en el mundo tienen una inflación anual de 1,96% (España), 1,59% (China), 2,13% (Estados Unidos), 0,47% (Japón), 1,23% (Italia) o 3,46% (Brasil)[1]. Hoy, mañana o pasado los productos dejan de ser competitivos y en forma repetida se hablará de un dólar subvaluado y la necesidad de reembolsos a las exportaciones.
La actividad agropecuaria y las capturas en alta mar se subsidian en la Unión Europea y los países asiáticos, mientras en nuestro país, los altos costos de la energía, los combustibles, impositivos, la falta de crédito a la producción y las altas tasas de interés vigentes, terminan transformando en financieras a las empresas industriales para obtener las utilidades que sería de esperar fuesen el resultado de la actividad productiva. No puede esperarse en este escenario un gran desarrollo empresario, donde el Gerente Financiero reemplaza al de Producción. Ya hemos visto estos procesos con Martinez de Hoz, Sourrouille, Kicillof y, otros, que desalientan la centralidad en producir, agregar valor y generar nuevos mercados.
José Hernández, decía en 1882, en su poco conocida obra Instrucción del Estanciero «la marcha de las sociedades en la senda de su progreso ha sido recorrida penosamente de pueblo cazador a pastor, de pastor a agricultor y de agricultor a fabril…». Con las repetidas políticas de Argentina, en todo el período democrático (y anteriores), nuestro país no alcanza a superar la exportación de commodities y consolidarse como un país industrial, a pesar de tener todas las condiciones para hacerlo, salvo (y no es poco) la llamada dependencia, que no es otra que las condiciones impuestas por los acreedores.
Los alcances de la actividad y la concesión pesquera
Esta actividad, es muy compleja. Como pocas. Un mismo empresario captura el recurso (la producción), lo industrializa y lo exporta. Una cadena integrada, que quienes no la cumplen, tienen muy pocas probabilidades de manejar relativamente su negocio. Un negocio que Argentina, por ser mayoritariamente exportador (90%) es absolutamente dependiente del precio internacional, ya que no tiene ninguna posibilidad de controlarlo por su baja participación en el mercado (Nº 22º), pese a tener un amplísimo territorio marítimo y a que gran parte de sus competidores como China, Rusia, Japón, Corea, España, Taiwán, etc. pescan a gran distancia de sus países de origen, entre ellos en el Mar Argentino y, en altamar, sobre especies migratorias y asociadas.
Pero, no podemos dejar de hacer notar que, pese a que los recursos son propiedad del estado nacional y provincial, no es el gobierno el que administra el recurso en la ZEE y mucho menos fuera de ella, ya que ha concesionado la explotación a los empresarios, sin exigir y ni establecer las políticas más básicas que parcialmente se fijan en el Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922 y mod.).
Nadie imagina una concesión, donde el concesionario unilateralmente modifica las cláusulas del contrato. La radicación industrial; el destino de la pesca objetivo; el tipo de flota pesquera y su antigüedad; la ocupación de espacios marítimos estratégicos; la generación del máximo valor agregado compatible con la sustentabilidad del recurso; la ocupación del personal; la preservación del recurso; la responsabilidad social y, la IN-transferibilidad de las cuotas debieran ser parte sustancial de la política del estado, quien es el propietario del recurso.
Es este último tema, la ausencia de la palabra «IN» es uno de los ejes fundamentales de esa impolítica, de la pérdida de capacidad de administración del Estado y de delegación de su función, ya que precisamente en la ley vigente se permite la transferencia de las cuotas de captura y la consecuente privatización del recurso, que deja en manos empresarias la fijación de las políticas.
Hasta aquí ha primado el viejo aforisma que “el dueño de la pesca es el dueño del pescado”; aforisma que se aplica popularmente, olvidando, que el recurso es de propiedad del Estado.
El gobierno debe asegurarse, la mayor distribución sustentable del recurso y la máxima explotación sostenible. Por ejemplo, ello no se cumple, cuando 10 empresas -sobre un total de 250- concentran la facturación de exportación con 1.066 millones de dólares (el 53% de un total 1.997 millones U$S) por la venta en 2017 de 212.789 toneladas, es decir el 48% del total de toneladas exportadas; tampoco, cuando se afectan buques a la pesca del langostino que se destinaban a la captura de merluza y otras especies, generando pérdidas de empleo; o, cuando se transfieren permisos o cuotas de captura entre empresas o entre una provincia a otra, etc. La pesca no es solo una actividad económica, es una herramienta de radicación industrial, poblacional y de generación de empleo.
La fijación de políticas y la administración del recurso es una facultad del Estado y, dentro de este marco, la empresa concesionaria debe administrar su negocio. Como todo concesionario podrá plantear al concedente sus ideas para obtener una mejor renta dentro de esta política general; pero, no es de esperar que se modifiquen unilateralmente los ejes centrales de la política pesquera. Hacia la década del 70 los principales exportadores eran nacionales, mientras que en la actualidad, siete de las diez principales empresas exportadoras son de capital extranjero[2] y, aun, no estando en contra de inversiones extranjeras, adquiere mayor importancia tener una política clara que beneficie a los intereses nacionales a los que nos hemos referido.
Cuando se eligen los gobiernos los sectores interesados debieran preocuparse sobre qué políticas van a llevar los administradores del Estado y no como ha venido ocurriendo hasta ahora, donde los sucesivos subsecretarios de pesca carecieron de las mínimas condiciones de idoneidad y, los designados miembros del Consejo Federal Pesquero (CFP), a quienes les corresponde la fijación de las políticas dentro del Régimen Federal de Pesca -lo hacen desde hace 20 años- han demostrado su incapacidad para representar al sector del que provienen, en especial los sureños, donde se desmanteló la industrial en tierra, no se ejecutaron políticas para agregar valor a las capturas y se profundizó un modelo de concentración nacido con el régimen legal vigente.
Nada más elocuente, que la producción de materias primas pesqueras sin valor agregado y el cierre de plantas industriales en la Patagonia durante el gobierno de los Kirchner, de mano de los subsecretarios de pesca originarios del litoral marítimo patagónico. Una política, si puede llamarse así, a la que le dan continuidad los actuales funcionarios carentes de creatividad y capacidad, quienes, como hemos dicho, han delegado el poder del administrador en los concesionados.
Pero no todo es obra de los sucesivos gobiernos nacionales o provinciales. Aquí aplica el viejo dicho de «a río revuelto ganancia de pescadores», ya que los empresarios, como veremos, son igualmente responsables de la decadencia del sector.
La extracción del langostino y la reducción de otras especies
Aun así, la pesca todavía no ha llegado a una crisis terminal, porque, el langostino (Pleoticus muelleri) -una especie de corta vida, considerada de un año y, cuyo rendimiento máximo sostenible (MSY) es imposible de establecer con un sólido fundamento biológico[3]para los científicos- que se captura desde el 2013 en cifras superiores a las cien mil de toneladas[4], reemplazando -por una cuestión de precio- las capturas de otras especies que dieron lugar al desarrollo empresario, la radicación industrial en todo el litoral marítimo y la generación de empleo de miles de trabajadores argentinos. ¿Y qué ocurriría, si un día, por esa dificultad en el manejo del recurso y la imprevisibilidad que caracteriza a esta especie, su captura cayera a las 66 toneladas de 1945; a las 275 de 1965; a las 9.835 de 1985 o a las 7.482 toneladas de 2005? Si, hipotéticamente, los desembarcos de langostino cayeran a los niveles de 1978, las exportaciones de 2017 se habrían de reducir a unos 770 millones de dólares. Es fácil imaginar lo que ocurriría con las empresas y sus operarios, que han abandonado por el «oro rojo» la captura de las especies demersales y pelágicas, como la merluza, el bonito, etc. o no se han apropiado de todo el calamar antes que se hagan de él, los buques extranjeros que, con o sin licencia inglesa operan en el Atlántico Sur.
La Pesca en altamar y la acuicultura
La Argentina tiene una Zona Económica Exclusiva de 4.799.000 Km2, dentro de la cual, unos 450 buques[5] capturan anualmente unas 776 mil toneladas[6]; ello, pese a la potencialidad del atlántico sudoccidental de unos 1,8 millones de toneladas de peces. Mientras ello ocurre, unos 10 mil barcos chinos superan sus 200 millas marinas y se dedican a la pesca en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24 países[7], entre ellos, de España, Japón, Corea y Taiwán. Ello explica -junto a la producción de la acuicultura- las razones por la que Argentina es insignificante en el comercio mundial pesquero. Por ejemplo, España, con una Z.E.E. agotada de 1.040.000 Km2 y 4,6 veces inferior a la Argentina, captura unos 1,1 millones de toneladas/año.
Nuestros vecinos capturan en altamar. Chile[8] tiene 4 flotas que pescan fuera de la ZEE: la industrial de jurel, la artesanal de pez espada, la industrial del krill y la industrial de bacalao y también Perú, donde embarcaciones artesanales salen fuera de las 200 millas en busca de perico e industriales van a la captura de jurel, caballa y atún[9].
La Argentina, no revertirá su situación, si no sale a competir con la flota internacional en alta mar e implementa un importante desarrollo de la acuicultura continental. Por cierto, nada de ello es posible si el gobierno no lanza un proyecto de desarrollo y apoyo financiero a estas actividades.
Mientras que en nuestro país se producen unas 5.000 toneladas en acuicultura destinadas al consumo local, esta actividad marítima y continental en Chile, exporta 1,2 millones de toneladas anuales, superando en 1,7 veces el total de las capturas argentinas y, las exportaciones de Salmón de Chile alcanzaron a los 3.142 M de U$S/año, unas 1,6 veces del total de exportaciones argentinas de 2017 con 1.977 M de U$S. Perú, también muy por encima de Argentina y produce unas 100.211 toneladas en esta actividad.
El valor agregado y la mano de obra
Podríamos imaginarnos los requerimientos de mano de obra que la acuicultura podría generar en nuestro país. Lo que es más difícil de explicar, es que en 1978 con una captura total de 504 mil toneladas se ocupó más personal que con una captura total de 776 mil toneladas en 2017. Y ello encuentra fundamento en el cambio de las especies objetivo, las que generan mayores ingresos, pero, menor valor agregado. En lugar de sumar las capturas de ambas especies se cambió la matriz de extracción y, así vemos, que hacia 1978 las capturas de merluza y otras especies alcanzaron el 88 %, el calamar el 12% y el langostino el 0,01%, mientras que las capturas de estas mismas especies en 2017 fueron del 56%, el 13% y 31% respectivamente. Con el agravante, que en el caso de las exportaciones de merluza y otras especies blancas fueron en 2017 el 58% materias primas enteras y en el langostino esta falta de procesamiento alcanzó al 65% del total exportado, razón por la cual, el reprocesado se realizó en los países importadores o re-exportadores, transfiriéndoles a estos el mercado y la mano de obra directa e indirecta. Reducir las capturas de las especies blancas (Merluza y otras) y exportar productos enteros o destinados al reproceso es una política inaceptable compatible con exportar ganado en pie, y una prueba de que los gobiernos han perdido la capacidad de administrar el recurso para beneficio del conjunto de los actores y la nación.
La exportación de commodities delega en los países importadores la mano de obra nacional y desde la instauración de los programas de recuperación productiva (REPRO) hacia fines de la década del 90, el gobierno y la industria pesquera han puesto de manifiesto que el modelo vigente está terminado y, solo depende, de factores biológicos imponderables.
El sector está en deuda en materia de capacitación de los operarios en todos los niveles y ello se desprende de los datos estadísticos del INDEC, la Secretaria de Trabajo, los planes provinciales de formación profesional y los de educación. Además de las Buenas Prácticas de Manipulación de los alimentos obligatorias por el artículo 21º del C.A.A. las empresas deben formar en los oficios de interés directo y en los de apoyo a la actividad.
Falta de control, la alimentación de las poblaciones vulnerables y el empleo
El porcentaje de hogares[10] en la Argentina por debajo de la línea de pobreza es del 19,6% que comprenden el 27,3% de las personas. Dentro de este conjunto un 3,8% de hogares indigentes que incluyen el 4,9% de las personas. La pesca puede ser una herramienta fenomenal para la provisión de proteínas de alto valor biológico a las poblaciones vulnerables, resolviendo el problema de hambre y desnutrición de la Argentina.
Si prohibiésemos el descarte al mar de pescados (como ya lo ha hecho la Unión Europea) tendríamos 2 millones de raciones diarias de alimentos proteicos.
Si pudiésemos recuperar la pesca de Malvinas tendríamos 2,5 millones de raciones diarias de alimentos proteicos.
Si pudiéramos recuperar la pesca en el atlántico sur tendríamos 4 millones de raciones diarias de alimentos proteicos.
La Subsecretaría de Pesca refiere que en 2017 se desembarcaron 776.000 toneladas. Una cifra absolutamente inconsistente, que no distingue si se trata de especies enteras; sin cabeza-vísceras (H&G); filetes, etc. Para iniciar una administración sustentable del recurso debe establecerse el tipo de proceso sufrido previo a la descarga; las capturas ciertas; los descartes y residuos en el mar; el stock en las cámaras y, por cierto, los valores ciertos de exportación, entre otras cosas.
La falta de control de la actividad hace inviable una administración eficiente del recurso por parte del Estado y, el descontrol de las capturas, de los descartes, las sub-declaraciones y sustituciones en los desembarques de las especies (en especial las cuotificadas) son hechos ciertamente graves. Lo reflejan -entre otros- los informes de la Auditoría General de la Nación. Tomemos solo un ejemplo, es aceptado que en la captura de langostino se extraiga una pesca acompañante by-catch de merluza equivalente a un 10% (0,10)[11] de la especie objetivo; sin embargo, en Rawson en 2017 se desembarcaron 74.905 toneladas de Langostino y solo 9,1 toneladas de merluza (0,01%)[12], ¿dónde están las 7.481 toneladas de merluza faltante? ¿Descartadas en el mar?
En medio de este descontrol se destaca seriamente el descarte al mar de especies capturadas, que los cálculos más conservadores refieren a 100 mil toneladas/año y otros expertos a el doble. Informes técnicos oficiales del INIDEP indican que solo de merluza se descartan por año entre 52.000 y 108.000 toneladas. Es decir, entre el 19% y 38% del total de la merluza desembarcada. Por su parte, el Banco de Desarrollo[13] indica que hay un 20% de descarte y de sub-declaración en las capturas. Sólo, las referidas 100 mil toneladas/año descartadas nos permitirían contar con un millón de raciones de alimentos por día de la mejor calidad, con destino a poblaciones vulnerables y la generación de miles de puestos de trabajo.
La contaminación ambiental
Cada uno de los buques congeladores pueden producir mecánicamente unas mil toneladas de filetes de pescados congelados listos para exportar. Utiliza una tripulación promedio en su planta procesadora de unos 40 trabajadores y realiza al año unas 6 mareas. Para elaborar esas mil toneladas, el buque debió capturar unas 2.700 toneladas de pescado; es decir, que al año habrá tirado al mar unas 10.200 toneladas de residuos. Si llevamos estos números a los 35 buques congeladores arrastreros, y sin contar poteros, etc. se habrán tirado por año un total de unas 357.000 toneladas de residuos de pescados al mar. Si nos retrotraemos a veinticuatro años atrás, cuando se firmó la ley 24.315, se habrán tiraron al mar más de 8,6 millones de toneladas de residuos además de los millones de especies capturadas descartadas.
Imaginemos entonces, la contaminación marina y analicemos las pérdidas que ello significa para la Argentina. Según la FAO, con una tonelada de residuos de pescado se obtiene 225 kg de harina y 50 kg de aceite. El procesamiento a bordo y el descarte al mar de las 10.200 toneladas de residuos citados nos impide usarlos para la fabricación de 2.295 kg/año de harina y 510 kg/año de aceite de pescado; por lo cual, a un valor de exportación de U$S 1.080 la tonelada de harina, significa una pérdida de U$S 2.479, más el valor de U$S 1.500 la tonelada de aceite, provoca una pérdida de U$S 765; es decir, la Argentina pierde con el procesamiento a bordo y el descarte de los residuos de cada buque la suma de U$S 3.244 por año, lo que multiplicado por los 35 buques congeladores-procesadores arrastreros significa una pérdida total anual de unos U$S 113.540, a lo que deberían sumarse las pérdidas y la contaminación derivadas de los descartes al mar las especies “llamadas no comerciales”.
Deberíamos agregar que se requieren unas 4,9 toneladas de residuos de pescado salvaje para obtener la harina y el aceite necesario para producir una tonelada de salmón. Es decir que, si la Argentina quiere incursionar en la acuicultura o maricultura, aquí o en otro territorio, a la usanza de la política de China o España, debería tener muy en cuenta la utilización plena de los residuos.
No se pueden tirar toneladas de proteínas al mar, mientras hay millones de niños pobres, indigentes y desnutridos.
El consumo interno y mercados concentradores
La Argentina está entre los 10 países que menor consumo de pescado tiene. Con 4,5 kg per cápita/año solo supera a Paraguay, Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Colombia y Cuba y está por debajo del consumo promedio anual mundial de 18,4 Kg y por debajo del promedio África (9,1 Kg), Asia (20,7 Kg), Estados Unidos (24,1 Kg), Unión Europea (22 Kg) y América Central y el Caribe (9,9 Kg).
Si todas las exportaciones de pescados blancos, calamar, anchoítas y conservas se destinasen al mercado interno, los argentinos, aún con 11,5 kg de consumo per cápita/año, estaríamos consumiendo por debajo del promedio del consumo mundial. No obstante ello, la empresa generaría mayor valor y empleo nacional.
La instalación de mercados concentradores en los puertos reduciría el oligopolio de la actividad y la transparencia de las operaciones; facilitando el acceso de las materias primas a los compradores nacionales y pequeños y medianos exportadores. Para aumentar el consumo interno, el gobierno debería, además de garantizar la disponibilidad de productos de calidad, implementar campañas de educación alimentaria, donde se destaquen las virtudes nutricionales y sanitarias del consumo de pescado.
El tipo y antigüedad de la flota pesquera
En la Pesca, el buque es un elemento fundamental en la actividad. Su antigüedad, seguridad y capacidad tecnológica son sustanciales para minimizar los riesgos de los embarcados, lograr una captura eficiente y un menor esfuerzo con mejores resultados para reducir los costos operativos.
También el tipo de buque define la política pesquera. El viejo pleito de congeladores versus fresqueros continúa empatado[14], bajo el pretexto de que los congeladores proveen productos de mayor calidad; argumento, que se cae al descongelarse adecuadamente las materias primas en las plantas industriales, como nuestros profesionales lo demostraron técnicamente, en el control de la calidad del mayor comprador (Carrefour Argentina) para consumo interno entre 1998 y 2002 que proveía la mejor calidad de pescados frescos, muchos de ellos, originalmente congelados. No obstante ello, la Argentina utiliza una tecnología antigua en los barcos fresqueros, ya que hace años que es posible utilizar buques con sistemas RSW (Refrigaret Sea Water) que consiste básicamente en almacenar las capturas con agua de mar refrigerada circulante a ± 0 C.
La utilización de buques congeladores para la pesca en la Z.E.E. reduce el valor agregado y el número de operarios de procesamiento industrial. Se aduce que la reducción de fresqueros y del proceso en tierra se funda en la búsqueda de una menor conflictibilidad laboral. Si diéramos como cierto este criterio muchas industrias podrían desaparecer importando los productos que, obviamente, elimina el trato con el sector gremial. Entendemos, que tal vez una dirigencia madura -empresaria y gremial- busque nuevos mecanismos de relación para asegurar una actividad económica y socialmente sustentable.
La flota pesquera de la Argentina, de mediana antigüedad hace unos 30 años[15], hoy en general tiene un promedio de entre 37 y 46 años según su tipo, mientras que en Galicia este promedio es de 28 años y en el país vasco de 14 años.
Si bien la tarea del personal embarcado es difícil, no podemos admitir y naturalizar la muerte de estos operarios como parte de la actividad extractiva. Desde el año 2000 a la fecha, se han hundido o siniestrado 64 buques pesqueros con una pérdida de 86 tripulantes muertos, desaparecidos o heridos de gravedad y, está, en las autoridades de control, verificar la seguridad en cada una de las salidas de los buques.
Por cierto, la aprobación de las leyes de Marina Mercante, fluvial e industria naval pesquera promovidas por el Senador Pino Solanas, pueden resultar una importante herramienta para facilitar la renovación de la flota, en tanto se presenten nuevamente aquellos artículos referidos a la financiación que vetó el P.E.N.
La política internacional del gobierno
Ya hemos nos hemos referido a la falta de políticas y de administración del recurso de los sucesivos gobiernos. Ahora nos preguntamos, qué hace la Cancillería Argentina y el Ministerio de la Producción para promover acciones destinadas a asegurar una mejor penetración de nuestros productos con mayor valor agregado. Absolutamente nada. Tomemos, por ejemplo, el caso de España. Es el mayor destinatario de las licencias pesqueras británicas (90%) otorgadas por el gobierno ilegal de Malvinas y en forma paralela nos compra materias primas enteras para su procesamiento en la península, tal es el caso del Langostino que encabeza el ranking con la importación de 50 mil toneladas/año, donde, solo haberle vendido “colas”, nos hubiera significado unos 35 millones de dólares más de ingresos. Y qué hacen estas dependencias del gobierno para acordar con los buques españoles, chinos, coreanos o taiwaneses que pescan ilegalmente los recursos migratorios o asociados argentinos. O con Uruguay, la utilización de sus puertos por buques que capturan ilegalmente (incluso los licenciados por Gran Bretaña) en el Atlántico Sur.
Es en la situación de Malvinas y del Atlántico Sur, donde los sucesivos gobiernos han demostrado mayor ineptitud. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro o secretario del área y el Subsecretario de Pesca son, a mi entender, responsables -al menos- de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Solo los buques extranjeros con licencia ilegales británicas de Malvinas desde 1976 han extraído recursos pesqueros en la “Zona Económica Exclusiva Argentina” en un promedio anual de 200 mil toneladas por un valor de cuatrocientos millones de dólares en la primera venta, es decir, que en la comercialización final la Argentina ha perdido unos 2.800 millones de dólares anuales y en estos 42 años unos 117.600 millones de dólares. A ello se deben sumar todos los buques extranjeros que pescan en la ZEE Argentina o especies migratorias o asociadas fuera de ella, en transgresión a la ley vigente argentina.
Resaltaré, que los buques extranjeros pescan «sin autorización argentina en aguas argentinas» y, que la explotación de los recursos en nuestro territorio marítimo está limitada por las Res. ONU Nº 37/9 y, por analogía, las Res. ONU Nº 3171/73, ONU[16] 3175/73 y afines y, previo retraer la situación al 1 de diciembre de 1976[17], como claramente lo indica la Res. ONU Nº 31/49, y, esencialmente, violar el régimen federal pesquero (Leyes 24.922 y 26.386) y la CONVEMAR (Ley 24.543), en nuestra condición de país ribereño, uno debería preguntarse ¿por qué no se han exigido el pago de los derechos y colocado multas a las empresas de los buques extranjeros, equivalentes al monto extraído, que reparen el gravísimo daño económico y biológico ocasionado -y que aún ocasionan- a la Argentina, con las consecuencias industriales, laborales y nutricionales que ello implica.
¿Y los pioneros y hacedores de la pesca dónde están? «…Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar» (Martin Niemöller, 1946).
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca
12 de noviembre de 2018
[1] Inflación 2017.
[2] Ranking de Exportadores 2017: 1º NEWSAN S.A. (+ Electronic System, Pesantar, Pesquera del Atlántico y Xeitosiño) 37.199 tn por U$S 197 M. Es una empresa asociada entre SANSEL SA y la japonesa Sanyo Electric Trading Co; 2º IBERCONSA ARGENTINA (+ Pesquera Santa Cruz) 38.956 tn U$S 174,3 M Pertenece al grupo español Iberconsa; 3º CONARPESA (+Agropez) 23.092 tn U$S 158 M. Es una empresa española denominada Continental Armadora de Pesca SA; 4º ARGENOVA 17.460 tn U$S 117,5 M. Del grupo español Nueva Pescanova; 5º PEDRO MOSCUZZA 20.754 tn U$S 80,7 M. 6º GRUPO SOLIMENO (+ Costa Marina, Pesca Comercial, Pescasol Argentina y Luis Solimeno e hijos) 26.634 tn U$S 79,9 M; 7º ARBUMASA 11.864 tn U$S 69 M. Del grupo chino Dalian Hualfeng Aquatic Products Co Ltda; 8º CABO VIRGENES 10.800 tn U$S 66,8 M. Española; 9º GRUPO VERAZ (+ Centauro, Pespasa) 10.435 tn U$S 65,7 M; 10º ESTRELLA PATAGÓNICA 15.595 tn U$S 75,4. Socios de Pescapuerta española.
[3] Bertuche et at: langostino, “pesquerías de Argentina” pág. 179:190 (2000).
[4] Redes Nº 214, Mayo/agosto 2018, pág. 155: En 2017 se capturaron 241.514 toneladas.
[5] Fresqueros (117), congeladores arrastreros (33), tangoneros (95), costeros (121), poteros (78), centolleros (5), de rada o ría (1).
[6] Desembarcos de 2017.-
[7] Criado, Miguel A. El País. Global Fishing Watch (GFW), 23/02/18.-
[8] Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de Chile, 12/11/18.
[9] Revista Pesca Perú, 2018.
[10] INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia. Resultados del primer semestre de 2018. 27/09/18.
[11] Revistapuerto.com.ar 9/8/18. En 2018 llegó a 0,45 y mayoritariamente juveniles.
[12] Revista Redes, Nº 214, pág. 175, mayo/agosto 2018.
[13] Año 2010.
[14] Redes Nº 214, Mayo/agosto 2018, pág. 185: En 2017 los buques fresqueros capturaron 395.000 toneladas y los congeladores 389.878.
[15] Bertolotti y otros “La evolución de la flota pesquera” La expansión de la actividad pesquera se inicia en 1960 y, en 1963 la fresquera supera a la costera. Esta flota fue financiada por el BANADE. En 1961-1969 se incorporan 18 buques fresqueros importados y se construyeron 42 con esloras entre 19 y 27 metros. El 70% de las sumas otorgadas se destinó a la construcción de buques de altura. 1970-1975 se importaron (Decreto 440/71) 74 fresqueros nuevos y usados, 6 procesadores congeladores y 11 de construyeron en Astilleros nacionales. Hasta 1975 la flota se componía de fresqueros de altura y esporádicamente algunos congeladores. 1976-1981. Se construyeron 10 fresqueros en Astilleros Nacionales (Decreto 2729/77) y se incorporó 43 procesadores-congeladores y 16 fresqueros. Finalizó este ciclo con una flota envejecida. 1982-1988 se incorporaron 78 buques, 42 construidos en el país, 4 de ellos procesadores, y 37 importados (32 procesadores-congeladores y 5 fresqueros). 40% de la flota estaba inactiva o poco activa. 1989-1998 el ingreso de buques extranjeros estuvo facilitado por los Reglam. de la Comunidad (4028/86 y 3944/90) y la Orden del Ministerio de APyA de España del 26/7/91 que impulsaron sociedades mixtas con empresas argentinas y en nuestro país por las Res. de la SAGyP 245/91 y 182/92 y la Ley 24.315 que aprobó los Acuerdos con la U.E. que dio lugar a la creación de sociedades mixtas o temporales de empresas. Entre 1989 y 1998 la flota industrial aumentó el 80%; del registro bruto del 96%, de m3 de bodega del 130% y de potencia del motor principal del 112,5%. En 1989 había un 42,7% de fresqueros; un 43,6% de procesadores-congeladores de arrastre y otro tipo de congeladores el 13,8%. Para 1998 había un 18,2% de fresqueros; un 34,2% congeladores de arrastre y un 47,6% de otros congeladores (tangoneros, poteros, surimeros, palangreros y vieira).
[16] 17 de diciembre de 1973.
[17] Cuando los británicos tenían ocupadas Malvinas y tres millas y no extraían mayormente el recurso pesquero.