El Código Internacional de Conducta Responsable[1] de la FAO precisa: «Los Estados deberían adoptar las medidas de conservación, ordenación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. Éstas, deberían basarse en los datos científicos y estar concebidas para garantizar la sostenibilidad de los recursos, promoviendo una utilización óptima y su disponibilidad para las generaciones actuales y futuras».
La pesca es muy importante para la Nación y las economías de las provincias marítimas; pero, es un recurso renovable agotable, que exige una captura sustentable.
En 1970 los recursos eran unos y, otros son, los consecuentes de la presión y el esfuerzo pesquero de 50 años de explotación inadecuada. Se requiere, entonces, luego de reiteradas prácticas de depredación y, sus consecuencias económicas y sociales, una «Declaración de Interés de la Investigación Pesquera» y, el inicio, de una administración, que ponga eje en la investigación y la explotación sustentable. Administrar con eficacia requiere investigar, conservar, distribuir y controlar. Nada de lo ocurrido hasta hoy.
En la Argentina la investigación se realiza a través del INIDEP, pero, su dirección es débil y permisiva, con una dependencia excesiva del poder político que, pese a las reiteradas recomendaciones e informes técnicos oficiales de los científicos respecto a la sobrepesca, depredación, inconsistencia en los partes de captura, pescas incidentales y otras irregularidades, la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero (CFP), no han prestado atención. Al respecto, la FAO explica que “el manejo de ecosistemas complejos, sujetos a fuertes presiones humanas no puede darse en ausencia de la ciencia” (Morán A. y col 2010).
Desde la creación del INIDEP pocos directores reunieron los requisitos de la ley. Muchos delegaron la decisión en el Subsecretario, en otras éste asumió la función y, en ocasiones se intervino. Estuvo al frente del INIDEP el dueño de una lencería femenina hasta un conocedor del mercado de la carne. Poco serio. No solo se atenta contra la independencia de la investigación, sino que se la hace poco confiable.
Accesoriamente, la Subsecretaría ha sido incapaz de resolver el largo conflicto gremial derivado de la falta de estabilidad laboral, el encuadre gremial del personal embarcado y la falta de fondos para la reparación de la flota, que llevó al Instituto a varios años sin investigación de campo, cuando gran parte del trabajo de los investigadores debería realizarse en el mar. La ética es esencial en este ámbito y, en este “mar revuelto”, que habría sido pretexto para la intervención (¿?), ¿es posible que un Almirante retirado, formado en la defensa de la soberanía nacional, al frente del INIDEP colabore con los ingleses en la investigación de nuestros recursos del Mar Argentino, los que dan sustento al R.U. para sostenerse en Malvinas y, que, además de eso, sea la Prefectura quien conduzca el buque de investigación Angelescu? ¿Cómo hubiese calificado este proceder el padre de la Armada el Almirante Guillermo Brown? ¿Tendrá una mínima idea este interventor de lo que la investigación, en cualquier campo, significa para la estrategia política, económica y militar de un país? ¿Combatió en Malvinas? En los tiempos de la independencia otro hubiera sido su destino, pero hoy, aún con “propósitos utilitarios”, no imaginamos que este proyecto intervencionista se asiente en la ciencia, la educación y la cultura y, es poco probable tener un destino de Nación, donde la ciencia no contribuya.
Igual lo intentaremos y, para ello, nos abstraeremos de la ciencia pura, sin desconocer su valor y, orientaremos estas líneas a la reorganización del INIDEP y a promover la reforma de la ley 21.673/77.
Toda investigación, requiere, de un programa global, donde el proyecto político, económico y social del sector tenga soporte en los estudios objetivos y rigurosos de la ciencia y, para ello, es necesario que los investigadores sean independientes. Los funcionarios políticos de turno no saben ni pueden decir, qué volumen de cada especie hay que pescar; cómo hacerlo, en qué lugar y por cuánto tiempo, si se pretende una actividad sustentable, y, de ningún modo, los funcionarios podrían desconocer o hacer oído sordo a los informes técnicos del INIDEP, pese a lo cual, muchas de las decisiones que los miembros del CFP, no se fundan en éstos o, haciéndolo, dejan de lado las numerosas advertencias de sus investigadores. Esto es inadmisible. La ciencia no puede gobernar la política, pero la política no puede desconocer el ecosistema ni el rigor científico de que quienes son los garantes técnicos de la sustentabilidad de la explotación.
Asegurar el recurso a perpetuidad; garantizar el equilibrio en el ecosistema; establecer las medidas preventivas etc. no son cuestiones de políticos. Éstos debieran ocuparse de la política general; la defensa del territorio marítimo; los acuerdos destinados a erradicar la pesca ilegal, incluso la del R.U.; la aplicación de sanciones; promover un escenario nacional que de mayor certeza a la actividad; asegurar que los concesionarios provean mayor valor y empleo; otorgar permisos y cuotas sustentables. La Subsecretaría de Pesca y, el CFP podrán establecer volúmenes de captura iguales a los indicados por el INIDEP, pero, en ningún caso superiores, ya que no hay justificativo alguno, que permita a los funcionarios provocar o tolerar la sobrepesca y depredación; cuya consecuencia, no es otra, que el agotamiento del recurso, la quiebra empresaria, la desocupación y la crisis económica sectorial.
Los efectos de la sobrepesca y depredación se conocen desde la “Gran Feria de la Pesca en Londres” de 1883. Weber en 1994 consideró a la sobrepesca como «el producto de una deficiente administración del recurso» y, en la conferencia de Kyoto (FAO, 2001), se indicó «la urgencia de consolidar la investigación científica como fundamento para el desarrollo sostenible del sector pesquero».
Es fácil entender la necesidad de un cambio desde lo biológico, pero también, hay que comprenderlo desde la previsibilidad de la inversión y el trabajo, para ello el Estado debe garantizar la disponibilidad del recurso, dejando la sustentabilidad al margen de las presiones políticas, sectoriales o económicas.
Es necesario también ampliar las funciones del INIDEP y agregar las inherentes a “la explotación”, lo que junto, a una mayor participación de los sectores involucrados en la actividad, habrá de dar nacimiento al “Instituto de Extramuros”, que interactúe con el sector privado, poniéndolo al servicio de las necesidades técnicas de la actividad, transformando al actual organismo, en un nuevo Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y Explotación Pesquera (INIDEP) con autonomía en la decisión y autárquico.
La particularidad de tratarse de recursos de propiedad del Estado Nacional o de las Provincias del litoral marítimo, según donde “residan” o, siendo sus poblaciones de distintos Estados o, “residentes” en uno y cumpliendo su ciclo biológico global en otro, o, incluso, transponiendo la ZEE hacia la Alta Mar, justifican un INIDEP integrado con un Consejo de científicos y técnicos, representantes idóneos del Estado Nacional y las provincias, las empresas y los trabajadores de la actividad.
Por cierto, la tarea del INIDEP debe alcanzar a todos los recursos marítimos, fluviales y lacustres, debiendo profundizar sus estudios, sobre la acuicultura y maricultura; actividad creciente en todo el mundo, donde, por ejemplo, nuestro vecino Chile exporta por un valor del orden de los 4.600 millones de dólares/año, es decir 2,3 veces más del total de las exportaciones pesqueras de Argentina.
Reafirmar esta actividad productiva, incorporarla a nuestra cultura, aumentar este alimento excepcional en la dieta de los argentinos, es también un rol sustancial a cumplir. El incremento del consumo interno de los productos pesqueros por la certificación de su calidad, sanidad y la difusión de su bondad nutricional y ausencia de contaminantes, es fundamental y, el INIDEP, debería liderar un cambio en los hábitos alimentarios, en un país, con uno de los más bajos consumos per cápita de pescado en el mundo, donde el promedio internacional está en los 16 kg/per cápita/año y la Argentina solo consume 5 kg.
De la eficiencia en la extracción y de la calidad del pescado desembarcado, de su adecuado proceso y, uso tecnológico y, de la mano de obra calificada, dependerá en gran medida, el mejor provecho comercial de las capturas y los productos y, el mayor crédito nacional e internacional en este producto. Transferir al INDEP el área pesca de SENASA, de control de la Subsecretaría de Pesca y, el Centro de Investigación de Tecnología Pesquera (CITEP), consolidará y hará más eficiente el asesoramiento y el control en el mar, los puertos y la industria y, dará, mayores garantías para hacer realidad el axioma de que “el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones“. La ciencia, la técnica, la calidad y el control, centrados en un solo organismo prestigioso reducirá los costos operativos y hará eficaz la tarea. No más costos agregados derivados de la ineficiencia o la corrupción.
Respecto a los “criterios precautorios” destinados a proteger los recursos y a preservar el medio acuático, la ciencia tiene un rol protagónico que, la FAO, en el Código de Conducta Responsable (6.5.) deja claro respecto a las capturas de las flotas ilegales. El INIDEP debe expresarse científica y públicamente sobre la gravedad biológica que provoca la pesca ilegal, incluso, la derivada de las licencias ilegales de captura del Reino Unido en Malvinas, para que el gobierno, actúe en consecuencia.
Esta reestructuración, equiparará al INDEP a sus pares del INTA e INTI que conservan una imagen positiva y confiable en la sociedad y, en el sector empresario y profesional.
Dentro de las funciones propias del INIDEP, estarían: la de establecer los espacios de pesca; dictar la Captura Biológicamente Sostenible; establecer las artes de pesca y técnicas de captura; elaborar el Plan de Investigación anual; establecer los derechos o aranceles de los servicios de investigación, asesoramiento, aseguramiento sanitario, tipificación de calidad, etc.; establecer las reservas, vedas, épocas y tiempos, tallas y volúmenes de captura, suspensiones biológicas u otras restricciones destinadas a asegurar la sustentabilidad; dictaminar, cuando se deban otorgar o transferir permisos, cuotas de captura o reservas sociales; controlar los criaderos; extracciones, capturas y desembarcos, buques, transportes, mercados concentradores, industrias y depósitos; las materias primas y productos, los partes de pesca, de producción, stocks y certificados de consumo interno y exportación; así como asegurar la sustentabilidad, calidad y sanidad de la actividad; dictaminar y propiciar ante la Autoridad de Aplicación la quita o suspensión de los permisos y/o cuotas y/o autorizaciones de captura y/o decomisos y/o multas cuando una empresa contamine el ambiente marino, realice pesca ilegal (INDNR), actos de pesca que causen estragos, contaminación, sobrepesca, subdeclaración o sustitución de especies, descartes, falsee rendimientos, efectúe capturas en áreas vedadas, prácticas nocivas para el desarrollo y reproducción de las especies, depredación en cualquiera de sus formas, utilice buques, técnicas o artes de pesca prohibidas; no cuente con los correspondientes permisos o cuotas, impida o dificulte el control; atente contra la sustentabilidad de los recursos; autorizar la pesca de investigación o experimentación; certificar la calidad y sanidad de los productos pesqueros y las certificadoras de pesquerías, de procedimientos o normas de seguridad, de origen y, estandarización de sistemas, etc. Para ello, el INIDEP debería absorber la función, el personal, los bienes y el presupuesto del CITEP, del área Pesca de SENASA y de Control de la Subsecretaría de Pesca.
El personal embarcado en los buques científicos debiera ser argentino, civil, con conocimientos específicos, relativos a la investigación y sujeto a los convenios colectivos propios de la actividad.
Los recursos económicos del INIDEP se constituirían con los fondos asignados a la investigación en el Fondo Nacional de Pesca (FONAPE) previstos en la Ley de Pesca 24.922; el uno por ciento (1%) de los valores totales exportados pesqueros que se deducirán de esos fondos; los subsidios y créditos no retornables de organismos; los derechos, aranceles o tasas que perciba del ejercicio de sus funciones; los fondos que el Estado Nacional le asigne al Presupuesto, más aquellos asignados a la fecha al CITEP, al SENASA Área Pesca y al Control de la Subsecretaría; los fondos que los Estados Provinciales le asignen en función de sus disponibilidades previstas por la coparticipación del FONAPE; los fondos que la Secretaría de Desarrollo Sustentable asigne al cuidado del mar, ríos y lagos; las patentes de los trabajos de investigación o tecnológicos desarrollados en su ámbito; el producido de la venta de los productos que se extraigan del mar por sus buques de investigación y que luego de ésta se dispongan; las multas y decomisos que resulten de las transgresiones a la Ley 24.922; las donaciones, legados e intereses y rentas.
La investigación, hace más segura y sustentable la pesca y su medio ambiente. La investigación, la técnica, la calidad y el control unificado harán más eficiente y sustentable la actividad.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
18 de febrero de 2019
[1] Apartado 7.1.1.