Para entender el conflicto que sufre la pesca en forma cíclica, a consecuencia de dificultades con la disponibilidad del recurso; el cambio de las reglas de juego por parte del gobierno en la administración de la pesca; la utilización del recurso como moneda de cambio a terceros países (caso el Reino Unido, URSS, China, etc.); la pérdida de rentabilidad del negocio y las crisis empresario-gremiales, deberíamos entender el contexto en el cual se desarrolla la actividad pesquera.
En primer lugar, no podemos dejar de recordar, que el recurso pesquero, es un recurso natural de propiedad del Estado Nacional, y Provincial en su caso; es decir un recurso de todos los argentinos, y de ningún empresario en particular; a pesar de la cuotificación que se haya efectuado. Este no es un tema menor, por el contrario, es la principal causal del conflicto; porque el Estado, a través de su gobierno de turno no ha sabido administrar debidamente este importantísimo recurso, proveedor de un alimento de excelente valor nutricional; generador de gran cantidad de mano de obra; promotor de una ocupación industrial y poblacional estratégica en el territorio nacional y una fuente importante de generación de mercados y divisas al país; una actividad exportadora, aún más importante -desde hace años- que la de las propias carnes rojas, ya sea por la cantidad de dólares exportados (1.300 millones/año) o porque sus productos acceden a los mercados más exigentes del mundo.
La pesca se trata de un recurso renovable; pero agotable en la medida que su administración técnica y operativamente no sea correcta. En ese sentido hay que entender como una Administración adecuada, a una investigación apropiada para determinar la disponibilidad del recurso y con ello establecer la “captura máxima permisible” (CMP); una explotación sustentable acorde a la citada investigación y una distribución adecuada de la materia prima capturada.
Esta Administración -a la que nos referimos- no ha sido la adecuada; no sólo en estos últimos años, sino en las últimas décadas.
Veamos; respecto a la investigación; basta recordar, los muchísimos años en que se pescó -con la tolerancia de la Autoridad de Aplicación- por encima de la captura máxima permisible recomendada por el INIDEP; hecho que afectó seriamente el ecosistema y la disponibilidad de recurso. Los resultados están a la vista, en la última década cayeron en forma sostenida[1] los desembarcos de las principales especies (a excepción del langostino) que dan sustento a la actividad industrial y al empleo; además de la reducción del tamaño del pescado y del aumento del esfuerzo pesquero -con el consiguiente incremento de costos- para obtener un mismo volumen de captura.
El poco probable también, que pueda lograrse una explotación sustentable cuando se vulneran aspectos fundamentales respecto a la conservación de las especies; y aquí hay que mencionar, el agravante de la pésima política llevada por las distintas reparticiones del área, respecto al control de la captura propia y clandestina; los descartes a bordo; y el volumen e identificación de los desembarcos de las distintas especies. Todo ello, más la errónea política llevada a cabo respecto a los buques extranjeros que pescan en el atlántico sudoccidental, y la errática e inapropiada estrategia seguida; y muy especialmente la táctica aplicada, respecto a las capturas realizadas bajo licencia del Reino Unido; donde es una prueba elocuente de ello el altísimo volumen extraido en los últimos treinta años por embarcaciones licenciadas por los británicos; siendo, a tal punto es así, que el propio John Barton, Director de Pesca en Malvinas, manifestó recientemente “Sin las licencias de pesca no hubieramos sobrevivido en Malvinas”[2].
Otorgar la captura a buques extranjeros en el mar argentino es un absurdo y además de enajenar recursos nacionales, competir con éstos con las empresas argentina en el mercado internacional. Es como otorgar a productores chinos, tres millones de Hectareas en el continente para la siembra y extracción de soja.
Por último, la distribución adecuada. Oportunamente nos opusimos a la forma de cuotificar el recurso, porque no es la forma apropiada para que el Estado administre adecuadamente sus recursos. Y este conflicto gremial-empresario, que perjudica sustancialmente a trabajadores y a pequeños y medianos industriales pesqueros, no hace más que darnos la razón. En principio, porque la cuotificación no es otra cosa, que asignarle una cuota hipotética de pescado de captura a cada buque; etapa de la actividad que es sólo -o debiera ser sólo- la parte extractiva; una parte, de la principal actividad de industrializar la materia prima capturada y agregarle valor. El Estado no puede administrar mal y hacerlo tan mal, que se deprede del recurso y los desembarcos estén por debajo o por encima de la “captura máxima sostenible”[3]. Esto último, en términos prácticos, significa una menor disponibilidad de pescado; y, sin pescado no hay empleo ni generación de recursos para enfrentar salarios. Podríamos agregar aquí que, tratándose de una actividad esencialmente exportadora, la pariedad cambiaria tampoco se compadece con los costos internos y ello dificulta seriamente la operatividad del negocio.
Esta actividad pesquera, si la vinculamos con las explotaciones petroleras, -donde YPF no parecería haber efectuado una adecuada tarea de exploración de los recursos en las últimas décadas- la podríamos perfectamente emparentar con la pesca, donde hay un Estado ausente en materia de administrar y controlar en forma óptima la explotación del recurso.
Las Autoridades gubernamentales deben revisar la política de la administración pesquera nacional; en especial en materia de su extracción y distribución.
La discusión del salario es una cuestión importante para el trabajador; pero, debiera ser la consecuencia de la política industrial pesquera; de la que resultará de ser correcta, un salario digno. Es, en la discusión de la política, donde debiéramos definir cómo distribuimos el recurso, y si propiciamos un país pesquero o por el contrario un industrial pesquero. Para que entendamos todos: discutir como explotamos más racionalmente el recurso, y si deseamos exportar “ganado en pié” o productos industrializados; si ocupamos menos o más mano de obra en la elaboración y transformación de las materias primas; pero teniendo muy en cuenta, en cualquiera de los casos, que si no cuidamos el recurso y a consecuencia de ello desembarcamos menos materia prima en los puertos, la discusión está perdida, cualquiera fuese la herramienta que utilicemos para encauzar la actividad y terminar con las crisis. La política debe definir cómo manejar y distribuir adecuadamente el recurso. Y a la luz, de las últimas décadas, esta discusión de fondo está pendiente; tal vez, porque muchos saben que la transformación debe ser profunda…muy profunda.
Hasta aquí ha primado el viejo aforisma que “el dueño de la pesca es el dueño del pescado”; aforisma que se ha aplicado al empresario, “olvidando” que el recurso es de propiedad del Estado. Y el Estado, a través de sus gobiernos, tiene la obligación de guardar un equilibrio biológico, porque se trata de un recurso natural agotable y un equilibrio económico-social o laboral-empresario para dar mayor bienestar a los argentinos de hoy, y a las próximas generaciones.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca
Ex Secretario de Estado.
Autor de 25 libros (entre otros “La Soberanía Argentina en el Atlántico Sur y Malvinas. La política pesquera como herramienta”).
2021
[1] Redes, N° 182, Enero-febrero 2012 pág. 14.-
[2] El Cronista.com; 14.3.12.-
[3] Lo máximo a capturar sin depredar la especie (definición vulgar).