El gobierno argentino debería crear al Ministerio del Mar, Antártida e Islas del Atlántico Sur dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, quien sería la Autoridad de Aplicación de esta Ley de Pesca y otras normas conexas. Correspondería al Poder Ejecutivo Nacional adecuar las normas que regulen el funcionamiento de los organismos con competencia en materia de extracción de los recursos marítimos pesqueros; su industrialización; la explotación de acuiculturas y mariculturas; el comercio; la investigación, la calidad, sanidad y el desarrollo tecnológico en la materia; las cuestiones vinculadas a las operaciones pesqueras en los puertos y la industria naval pesquera; los acuerdos internacionales de explotación marítima pesquera o investigación pesquera y todas aquellas cuestiones vinculadas directa o indirectamente a la pesca o la acuicultura.
Por el Artículo 6° de la Ley 24.922 en 1998 se creó fallidamente la Secretaría de Pesca; porque este artículo, a instancias del entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá, fue vetado mediante el Decreto 9/98 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual, en la actualidad la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que habitualmente delega las funciones en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con lo cual ya queda de manifiesto la desatención que el responsable del sector le presta a la actividad.
Nosotros entendemos que, por la complejidad y particularidad de la pesca y la acuicultura estas actividades son absolutamente ajenas a la Agricultura y la Ganadería. El recurso pesquero es de dominio del Estado Nacional y provincial en su caso y no un bien de propiedad privada. Las cuestiones relativas a la explotación de los recursos se realizan en un ámbito marino, industrial y exportador; la amplitud del territorio marino debe ser controlado tanto desde punto de vista de la explotación pesquera, medio ambiental marino, como de la seguridad y la defensa. La relación de esta actividad con las cuestiones fluviales, portuarias, industriales navales, de investigación, de desarrollo tecnológico y ambiental e internacional, etc. ameritan la creación de una estructura de mayor jerarquía que oficie de Autoridad de Aplicación.
5.497.178 km2 del territorio marino, insular, la plataforma continental extendida y la Antártida Argentina están ocupadas o en disputa por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que implica una gravísima debilidad territorial que supone disponer de una importante estructura destinada a revertir esta situación de usurpación inaceptable.
La pesca es una actividad productiva diametralmente distinta a la problemática agropecuaria, por el carácter de explotación fundamentalmente industrial, que combina en un mismo empresario las tareas de extracción de un recurso biológico –mediante sofisticadas artes y equipos- junto a la industrialización de la materia prima y la exportación de los productos obtenidos.
El uso intensivo de mano de obra, combustibles, energía, insumos e, inclusive, por su temática específica donde se requiere personal obrero, técnico y profesional formado y perfeccionado en la especialidad.
Culturalmente, en la Argentina se ha promovido históricamente la actividad agropecuaria y, se dice, que los argentinos viven de espaldas al mar, por lo que no puede esperarse que sus dirigentes y funcionarios no sean el reflejo de este estilo de vida. En este marco de dificultades de comprensión de la actividad, de desconocimiento de sus potencialidades económicas, la industria pesquera argentina es de las pocas que ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas, superando incluso los volúmenes y montos de exportación de las carnes rojas, que nos han caracterizado en el siglo pasado a nivel internacional. Todo ello, pese a un marco macroeconómico desfavorable de políticas extractivistas vigentes hasta nuestros días y de la incapacidad del Estado de administrar un recurso que depende de su explotación por parte de terceros, pero también, de la apropiación por parte de buques extranjeros de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y la consecuente depredación producida por la pesca ilegal, además de la interrelación de las especies en el ecosistema, los fenómenos climatológicos y la problemática relativa a la conservación de los productos, su transformación, los mercados internacionales, la exportación y el demanda interna.
La pesca se vincula fuertemente al tipo de explotación, provocando una actividad inmediata en la comunidad y la región, ampliando las poblaciones donde se desarrolla y generando actividades industriales. La salida de la embarcación a la pesca ocasiona una inmediata ocupación en tierra para procesar las materias primas a desembarcar; aunque, el modelo de los últimos años de preprocesamiento a bordo e inmediato transbordo para la exportación reduzca la ocupación de mano de obra para beneficio de los países importadores transformadores. Este es el mismo modelo que utiliza la pesca a distancia con los buques de los Estados de pabellón, que son los principales responsables de la pesca ilegal y, por cierto, el modelo que promueven los importadores que le agregan en destino el valor a las materias primas, mientras la desocupación y pobreza en la Argentina, no condice con este modelo exportador de commodities.
La pesca reviste una importancia creciente para los Estados marinos y, adquirirá mayor significación en el futuro a partir de los avances crecientes en materia de acuicultura y maricultura. Chile, por ejemplo, exportó originaria de este tipo de producciones y pese a la pandemia en 2020 unas 800 mil toneladas de salmón y trucha por un valor de 4.389 millones de dólares (en 2019 lo había hecho por 5.127 millones), es decir, más del doble de las exportaciones marinas argentinas.
La pesca es muy importante para las economías de los Estados provinciales en atención a la radicación industrial y la consecuente ocupación de mano de obra y el asentamiento poblacional que ocasiona. Y será más importante aún, ante la creciente demanda de proteínas de alto valor biológico y económico como la que aportan los productos pesqueros; con la incorporación de tecnologías modernas para resaltar las condiciones propias de la materia prima y presentarla adecuadamente, necesariamente relacionada a la promoción y competencia mundial, que le permite vender a la Argentina materias primas pesqueras de alta calidad a más de 50 países ingresando a los mercados sofisticados de Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos.
La pesca es de aprovechamiento intensivo y racional de un recurso natural renovable, a través de su extracción, industrialización y comercio. Se constituye en una herramienta fundamental para la defensa nacional mediante la ocupación de los espacios marinos argentinos y el desarrollo regional de la Patagonia. No parece tener mayores puntos de contactos con la Agricultura y Ganadería, que el de encontrarse en la misma área de gobierno, que no entiende el tema, la industria, los negocios ni su rol estratégico en la ocupación del litoral patagónico, el territorio marino e insular argentino. Por ello promovemos la creación del Ministerio del Mar, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Puede parecer muy pretenciosa la jerarquía en un Estado que tiene serias dificultades económicas; pero, agruparía las políticas relativas al Atlántico Suroccidental, sus Archipiélagos y la Antártida y, las cuestiones pesqueras; mercantes; fluviales; portuarias; navales; de investigación; tecnología; desarrollo y consumo. Sin olvidar que, como hemos dicho, la Argentina tiene ocupado por el Reino Unido 1.639.900 km2 de su territorio marítimo e insular; un porcentual equivalente al 52% de su ZEE y en disputa con ese país el territorio continental y marino Antártico (2.426.911 km2) y parte la plataforma continental más allá de las 200 millas (1.430.367 km2).
Hay países que tienen un Ministerio y sus ZEE son de una dimensión muy inferior a la de Argentina como es el caso de Perú (0,9 M de Km2); Francia continental (0,4 Km2); Portugal (1,7 Km2); Corea del Sur (0,5 Km2) y otros.
Por otra parte, la estimación del potencial económico del Mar Argentino, según el informe técnico Nº 10 elaborado por los investigadores Gustavo Baruj y Sergio Drucaroff del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI), desarrollado para el período 2016-2035, arroja, en un escenario medio, como resultados que: 1) Potencial económico (PE): 669.598 millones de dólares; 2) Puestos de trabajo directo prospectado (PTDP): 568.751 empleos y, 3) Generación de divisas (GD): 3.964.091 millones de dólares. Estos datos resultan de las actividades vinculadas al petróleo y gas; energía oceánica; pesca marítima; acuicultura; turismo; industria Naval y, no se ponderaron Minerales, microalgas y algas ni se incluyó el efecto multiplicador que estas actividades tendrían sobre el resto de la economía.
Por supuesto, que ello implicaría dinamizar a varias áreas, como las actuales Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería; la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte, entre otras, cuyos funcionarios no han sido capaces de generar un nuevo modelo estratégico y ejecutar las pertinentes acciones para desarrollar, generar riqueza y empleo y, avanzar hacia la soberanía nacional en un importantísimo territorio marino, insular y de la plataforma continental extendida del orden de los 8.029.842 Km2.
Una miopía de los funcionarios responsable del área y de los recursos, que no han entendido que somos un Estado Marítimo y que, tanto las cuestiones políticas, económicas, alimentarias y sociales respecto a la soberanía plena en Malvinas, no se habrán de alcanzar sino se recupera la administración eficiente del Atlántico Suroccidental.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca.
Ex Secretario de Estado.
Presidente de la Fundación Agustina Lerena
Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)
Autor de “La expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe” (2022).
22 de enero de 2023