Perfil, 28 de mayo de 2026.
La República del Paraguay con el crecimiento de sus exportaciones de carnes y granos; su preminencia en el transporte de materias primas y productos mediante los ríos Paraná-Paraguay y, a partir de la transformación de langostinos argentinos para su posterior exportación, en los hechos se ha transformado en un país de litoral marítimo del Atlántico Suroccidental, independiente de su rol en el MERCOSUR. ¿Falta que haga negocios con Malvinas? No. También los hace.
La Argentina, ya en épocas del Virreinato y a partir de su independencia en 1816 tenía muy clara la importancia del Río de la Plata y el comercio a través del Río Paraná-Paraguay. Nadie se hubiera imaginado que 200 años después, el Paraguay llegaría a tener un rol protagónico en el comercio de los productos regionales de Argentina y mucho menos la industrialización de los pesqueros del Atlántico Sur.
No hay nada que recriminarle al Paraguay, son las pésimas políticas del gobierno argentino.
En los años 1825-1828 la Argentina disputaba con Brasil para quedarse con la Banda Oriental (luego República). En una política de invasión y control de sus negocios, que ya se había manifestado en 1806 y 1807 el Reino Unido de Gran Bretaña intervino para evitar que ninguno de esos países controlara el Río de la Plata y, presionó a ambos contendientes, promoviendo la independencia de Uruguay como “Estado Tapón”; firmándose el 27 de agosto de 1828 la Convención Preliminar de Paz, donde Uruguay se declaró independiente, consolidándose con la Constitución promulgada en 1830.
Años después, el 20 de noviembre de 1845, se produce la Batalla de la Vuelta de Obligado, a la que se le asigna tanta importancia, a punto tal de declarar esa fecha el “día de la soberanía nacional”, donde el gobierno de Juan Manuel de Rosas a través de Lucio Norberto Mansilla intentó frenar el avance de una importantísima flota anglo-francesa quién procuraba hacerse del comercio con los pueblos de los ríos interiores de la Confederación Argentina.
El 12 de noviembre de 1864 se inició la llamada Guerra de la Triple Alianza o la Guerra Grande, una de las guerras más sangrientas de Latinoamérica que duró algo más de cinco años y Paraguay perdió un 40% de los territorios que reclamaba antes de la guerra, además de quedar fuertemente endeudada y una lamentable pérdida de paraguayos. En 1991 con la firma en Asunción del MERCOSUR, a pesar de la debilidad de Paraguay en este Mercado, parece haber emprendido un camino -no de recuperación territorial- sino de dominio del comercio del río Paraná-Paraguay y, avanzando sobre las explotaciones de los recursos argentinos del Atlántico Sur. Técnicamente, están por encima de las políticas argentinas, a la par de chinos, españoles, norteamericanos, británicos, etc. que se hacen de los recursos naturales de Argentina.
Hace 50 años (1976) la Argentina era el exportador más importante de la región de carnes, granos y pescados, mucho más importante que Paraguay. Unos 25 millones de toneladas de granos; mientras que Paraguay escasamente exportaba unas 240.000 toneladas. En esos mismos años la Argentina exportaba unas 8.000 toneladas de carnes rojas y en Paraguay las exportaciones de estos productos eran irrelevantes. En 2026, si bien la Argentina, sigue estando por encima de las exportaciones paraguayas de carnes rojas con un estimado de 870.000 toneladas, Paraguay es top 10 en la exportación de carne con unas 450.000 toneladas y sus exportaciones de granos alcanzan a los 10 millones de toneladas.
A esta altura, deberíamos precisar que gran parte de estos números están vinculados al pabellón de bandera paraguaya con que se exportan estos productos y, para equiparar las condiciones impositivas de ambos países -junto a Fabian Lugarini- elaboramos dos leyes para el Senador Pino Solanas: la de Marina Mercante y Fluvial (Ley 27.419) y de Industria Naval Pesquera (Ley 27.418), que fueron aprobadas por unanimidad en el Senado Nacional, con el objeto de promover la industria naval argentina y la soberanía fluvial; pero, el Presidente Macri vetó los artículos centrales de esas leyes que resolvían la cuestión.
Por otra parte, interviniendo en la jurisdicción de las provincias del litoral, la Nación llamó a concesionar la administración (dragado, mantenimiento, señalización, etc.) por 25 años prorrogables la explotación de los ríos Paraná-Paraguay, por donde sale el 85% de las exportaciones argentinas, lo que debilita la soberanía fluvial y muy especialmente la integración fluvial-marítima, donde Montevideo es un paso obligado para el tránsito de nuestros productos, remontándonos a la citada decisión inglesa de 1828.
Y para agregarle Folklore a esta sesión de la soberanía nacional y a la tercerización del comercio argentino, llegó el “Paraguay Marítimo”, el exportador paraguayo-español de langostino, que bien podría ser obra de algún camarón de agua dulce; pero no, se trata del langostino salvaje argentino (Pleoticus muelleri), que nuestro país exportó en 2025 unas 120.000 toneladas por un valor del orden de los 7.250 U$S la tonelada y que una empresa nacional está exportando al Paraguay langostino congelado sin valor agregado alguno, realizando en este último país el procesado (pelado, desvenado, colas, envasado), para su posterior exportación a mercados tradicionalmente argentinos (USA, UE, China, Japón). Es decir, se le está regalando al Paraguay la mano de obra argentina y el agregado de insumos para el empaque, etc.
La empresa importadora construida en Hohenau (Paraguay) a pocos km del Paraná y Posadas, a un costo de 20/30 millones de dólares, generaría unos 400 empleos y, tiene el llamativo nombre de South Atlantic Company SA a pesar de ser totalmente ajena a ese territorio marítimo. ¿O no? Bueno, está integrada por las españolas Pamape SL y el Grupo Worldwide Fishing Company (WOFCO) y, este último, tendría un 42% del capital accionario -según fuentes- de la empresa CONARPESA de capital español radicada hace unos cincuenta años en Chubut y líder en la exportación de langostinos de Argentina.
La empresa gallega WOFCO publicita su empresa en una Revista especializada argentina, indicando “líderes en Gambón argentino” (es decir langostino) y según las fuentes consultadas operaría en Malvinas a través de joint-ventures con socios locales mediante la empresa Polar Seafish Limited, que pesca principalmente Calamar loligo con licencia ilegal del gobierno usurpador británico. Y lo que es peor, cuando WOFCO comercializa esta especie “loligo” capturada en Malvinas lo hace con un rótulo genérico de producto capturado en la región FAO 41 que refiere como “Calamar Patagónico” (Foto, Revista Puerto, 24/3/2021), rompiendo la trazabilidad y falseando el verdadero origen al consumidor europeo.
De confirmarse las fuentes, todas las empresas citadas precedentemente estarían violando los artículos 7, 9, 23 y 27 bis de la Ley 24.922 y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la Nación Argentina; incluso, la recientemente creada empresa paraguaya.
Accesoriamente, para disgusto del Comando Sur de Estados Unidos, la gallega WOFCO es una sociedad multinacional con socios de españoles, de Ecuador, Vietnam y “China” y a través de su socio fundador Kunming Yang ya ha utilizado plantas en China para reprocesar el langostino argentino.
Hay tres argumentos centrales para que una empresa radicada en la Argentina con la autorización de captura de especies pesqueras en aguas nacionales exporte sus especies (hoy langostino, mañana podría ser calamar, merluza, etc.) al Paraguay para su reprocesamiento y posterior exportación; teniendo en cuenta, que entre Puerto Madryn (Chubut) y Hohenau (Itapúa, Paraguay) hay unos 2.318 km; un viaje estimado en unas 30 horas en camión, sin contar con las paradas de descanso y fronterizas obligatorias.
La primera, es la falta de idoneidad del gobierno argentino para administrar eficientemente sus recursos. Los peces, crustáceos y moluscos son de propiedad del Estado Nacional o Provincial en su caso. No son como la hacienda vacuna, porcina o lanar de las empresas. El gobierno otorga en concesión la explotación de los recursos pesqueros y por lo tanto debe realizar una administración eficiente; esto es, obtener el mayor valor agregado de cada especie capturada. No puede admitirse la exportación de especies capturadas sin agregarle valor y transfiriendo la mano de obra y los insumos necesarios a terceros países. Este es el caso concreto que tratamos aquí; pero, hay otros países que se utilizan para reprocesar especies argentinas.
La segunda, es que el gobierno, al otorgar una concesión, debe procurar mantener las condiciones macroeconómicas indispensables y los costos operativos internos para que la concesión sea sustentable. De otro modo se promueve la quiebra empresaria, la consecuente desocupación y desarraigo y despoblación de las ciudades y pueblos del litoral marítimo patagónico; un área estratégicamente vulnerable.
La empresa que exporta al Paraguay aprovecha “el régimen de maquila” paraguayo (una empresa extranjera que realiza el proceso de ensamblado, transformación, etc. en Paraguay), que tiene varias ventajas: arancel cero a la importación; un 35% más bajos los costos operativos; reducidas cargas laborales y patronales (un 17%); menores costos energéticos (40 U$S MWh); bajos impuestos al valor agregado (10%) y a las Ganancias y una tasa única del 1% al reexportar los productos; libres de retenciones a la exportación; importación transitoria de insumos para su exportación. Aunque no podrían tipificarse los rótulos como “producto del MERCOSUR”, porque el bloque no define el origen del producto y su trazabilidad.
La tercera. Será necesario que la justicia investigue, si en ese proceso de triangulación que realiza la empresa argentina no se produce una evasión fiscal; ya que en operaciones de este tipo podrían esconderse una eventual subfacturación de las exportaciones.
«La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer». Frase campera que podríamos aplicar a la política paraguaya de hacer crecer su producción y empleo con los recursos naturales regalados por el gobierno argentino.
Dr. César Augusto Lerena