Las modificaciones al Régimen Federal de Pesca propuestas en el proyecto de ley “ómnibus”, aún con las “concesiones” hechas ante la presión social, representan una entrega de los recursos vivos que existen en nuestra Zona Económica Exclusiva. Pero la entrega no solo se limita a los recursos económicos, este proyecto de ley, tal como está formulado, pone en riesgo la vida de los trabajadores de la pesca al permitir que buques sin límite de antigüedad faenen en el Mar Argentino.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley “ómnibus” que incluye doce artículos que modifican el actual Régimen Federal de Pesca establecido por la Ley 24.922. De aprobarse, estos doce artículos destruirían a la industria pesquera nacional, poniendo en riesgo, no solamente los ingresos de más de 100 mil familias que directa o indirectamente dependen de la actividad pesquera en cinco provincias del litoral marítimo argentino, sino también los recursos vivos del ecosistema del Mar Argentino.
Más allá de la aprobación del proyecto de ley, su sola presentación ya ha tenido un efecto devastador sobre la Industria Naval Nacional al crear una enorme incertidumbre en el sector pesquero puesto que castiga al armador que utiliza en su faena buques nuevos de construcción nacional pero no tendría prioridad alguna sobre aquellos que pesquen con barcos usados construidos en el exterior.
Enfrentados a una situación terminal, tanto gremios y cámaras empresarias de la pesca y la industria naval como gobernadores e intendentes de nuestro litoral marítimo manifestaron su rechazo tajante a esta iniciativa gubernamental.
Acorralado por la respuesta contundente de los sectores afectados, el oficialismo ofreció “atenuar” su proyecto de arrasar el Régimen Federal de Pesca vigente.
Más allá de que las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional son a todas luces insuficientes para evitar el colapso del sector pesquero nacional (que en el año 2022 exportó US$1.823 millones, constituyéndose así en el octavo complejo exportador del país), hay un artículo que resulta particularmente abyecto.
El artículo 252 del proyecto de ley originalmente presentado por el Poder Ejecutivo derogaba el artículo 40 de la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca). Este artículo de la Ley actualmente vigente exige que la tripulación de los buques pesqueros debe estar integrada por al menos 75% de argentinos (o extranjeros con más de diez años de residencia en el país), en tanto que los capitanes y oficiales de los buques pesqueros deben ser argentinos (nativos o naturalizados), autorizando el embarco de personal extranjero solo en caso de falta de personal y siempre en forma provisoria. En síntesis, la propuesta original del gobierno era que los buques de pesca que operaran en la Zona Económica Exclusiva Argentina, capturando los recursos pesqueros que pertenecen a TODOS los argentinos, podrían estar tripulados por personal de cualquier nacionalidad.
Frente a la presión gremial y social, el oficialismo “concedió” que se mantuvieran los requisitos actuales con respecto a la integración de la tripulación de los buques pesqueros.
Pero en lo que NO cede el Poder Ejecutivo es en la modificación del artículo 26 del actual Régimen Federal de Pesca, por el cual para el otorgamiento de los permisos de pesca se priorizan:
“a- los buques que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje;
b- los buques construidos en el país;
c- menor antigüedad del buque”.
El proyecto de ley “ómnibus” es muy claro en su artículo 245 al modificar el artículo 26 del Régimen Federal de Pesca vigente cuando estipula: “los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen”.
Entre los años 2000 y 2018 la pesca argentina sufrió el hundimiento de 44 buques con casi cien trabajadores muertos o desaparecidos. La flota pesquera argentina en el 2018 tenía una antigüedad promedio de casi 40 años. En particular, con respecto a los tres últimos buques siniestrados, el San Antonino (hundido en el 2016) tenía 58 años, el Repunte (hundido en 2017) tenía 55 años y el Rigel (hundido en 2018) tenía 50 años.
Ante estas tragedias, en el año 2018 el Senador de la Nación PINO SOLANAS presentó un proyecto de ley de Renovación de la Flota Pesquera, acompañado por otros DOCE senadores pertenecientes tanto al oficialismo como a la oposición, con el objetivo de reducir a un mínimo la pérdida de vidas de trabajadores de la pesca y mejorar la seguridad a bordo de los buques.
La presentación de este proyecto de ley fue un paso fundamental para habilitar el debate de la seguridad en la actividad pesquera.
Pero, el gobierno de Mauricio Macri en lugar de favorecer la vía institucional del tratamiento parlamentario, optó por la sanción de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU 145/19 de “modernización de la flota pesquera”.
De todas maneras, a pesar de sus múltiples falencias, el DNU de Macri, aún vigente, sirvió para iniciar una paulatina renovación de la flota pesquera argentina y reactivar parcialmente la alicaída Industria Naval Nacional.
Sin embargo, con el proyecto de ley “ómnibus” y las “concesiones” del gobierno ni eso quedará en pie. Los buques pesqueros seguirán siendo tripulados por trabajadores argentinos pero ya no importará su seguridad ni la antigüedad de aquellos buques que sean utilizados en la explotación de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Lamentablemente, de aprobarse este proyecto de ley tal como está, incluyendo las “concesiones” hechas por el gobierno, los hundimientos de buques pesqueros y la pérdida de vidas de trabajadores volverán a ser cosas que “suceden” como si se trataran de meros accidentes laborales propios de la actividad.
Aquellos diputados y senadores que aprueben esta aberración moral y ética tengan presente que los familiares de las víctimas de los hundimientos aún reclaman justicia para sus seres queridos y al votar recuerden los nombres RIGEL, REPUNTE, SAN ANTONINO, ESTEIRO y los de los otros CUARENTA buques hundidos. La consigna hoy, como lo era en el año 2018, es NINGÚN HUNDIMIENTO MÁS.
Analista Económico.
Ex-asesor en Transporte, Energía y Minería del Senado de la Nación y la H Cámara Diputados Nación.
Ex-asesor en Transporte y Ambiente en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asesor Astillero Río Santiago