El pasado miércoles 14 la Fundación Agustina Lerena, que presido, dio a conocer a la Nación Argentina en Río Grande y Ushuaia, pero en particular a los fueguinos, que inició el 9/10/26 una demanda ante el Juzgado Federal de Río Grande Secretaría II, por valor de hasta 26.500 millones de dólares más accesorias, con motivo de la apropiación de más de 4 millones de toneladas de recursos pesqueros de las aguas argentinas de Malvinas, demostrando en forma indubitable, la pesca ilegal por parte empresas de bandera española o asociadas a empresas isleñas con la bandera ilegal “Falklands” que operan en las aguas correspondientes de Malvinas y la violación del artículo 27 bis de la Ley 24.922 por parte de empresas nacionales de capital extranjero.
Algunas empresas por vía indirecta ya han salido a devaluar la demanda. Es lógico que así ocurra, porque los intereses son enormes. Pero, es importante dar a conocer, que la Fundación ampliará la demanda contra algunas empresas pesqueras y también sobre un importantísimo número de proveedores de bienes y servicios de empresas argentinas y filiales o representantes de empresas extranjeras establecidos en Argentina que también forman parte de cadenas comerciales que abastecen a operadores pesqueros de Malvinas.
Ya daremos a conocer el insospechado detalle de empresas que la investigación de la Fundación agregará a la demanda: Proveedores que suministraron maquinaria y equipos a embarcaciones destinadas específicamente a pescar en Malvinas; empresas de esos mismos grupos con instalaciones, filiales, representantes o servicios técnicos en Argentina; sociedades pesqueras y de otro tipo, que mantienen operaciones y/o participaciones y/o servicios empresariales a ambos lados del Atlántico Sur. Hay mucha documentación publicada por los propios fabricantes y descripciones técnicas de embarcaciones y servicios concretos que hablan por nosotros. Nos está resultando relativamente fácil la identificación de quienes estarían violando la ley nacional e internacional.
Nos ocuparemos de ello, en un próximo artículo, donde difundiremos el quehacer de la Fundación al respecto; pero, en esta oportunidad nos interesa dar a conocer el daño que la pesca ilegal y, quienes contribuyen a ello, le hacen a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (en adelante Tierra del Fuego).
Nuestra Fundación, a través de cientos de artículos publicados en distintos medios y en algunos libros publicados desde hace décadas (por ejemplo: “Malvinas. Biografía de la Entrega” del 2009), ha venido resaltando la importancia de la pesca para la recuperación de la soberanía plena en Malvinas.
Hace años que venimos esperando que nuestros representantes actúen para erradicar o reducir la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental, en procura de defender nuestros derechos a una vida sana; la protección del medio ambiente; garantizar la sostenibilidad de las especies para las generaciones futuras y asegurar la sustentabilidad de los pueblos, mediante la radicación de industrias y la generación de empleo, en zonas desfavorables y estratégicas de la Nación.
Pues bien, ante la ausencia de políticas en este sentido, nuestra Fundación, representando el interés colectivo, ha formalizado una DEMANDA COLECTIVA, en el lugar donde debía hacerlo, que es la Provincia de Tierra del Fuego.
Esta Demanda se inicia con las empresas españolas, porque resulta inadmisible que habiendo el Reino de España reconocido nuestra independencia en 1863, sus buques pesquen en nuestras aguas; pero, también avanzamos contra sus socios los isleños británicos, contra quienes facilitan la actividad: como los bancos, astilleros, seguros y quienes prestan la logística que hace posible el transporte y el comercio. Seguiremos, también, contra las empresas coreanas del sur y taiwanesas.
La Pesca -a nuestro juicio- es una herramienta central para la recuperación plena de la soberanía que prescribe la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. No obstante, en 2012, John Barton, el entonces Director ilegal de Pesca en Malvinas y hoy representante de empresas pesqueras isleñas, dijo: “si no hubiésemos tenido la pesca no hubiésemos sobrevivido en Malvinas”; mientras que quien negociaba los Acuerdos de Madrid en 1988 el embajador radical Lucio García del Solar, en esas reuniones decía: “no nos interesa tratar el tema de la pesca, si las cuestiones militares”; cometiendo un gravísimo estratégico que consolidó la presencia británica en las Islas, que se agravará más aún con la explotación del petróleo.
En nuestra estada en esa Provincia estratégica para la reafirmación de la integridad territorial de la Argentina, nos dirigimos a las Autoridades y al pueblo de Tierra del Fuego, para invitarlos a asumir un protagonismo activo respecto a la recuperación de los derechos que tienen sobre nuestros territorios invadidos y explotados por el Reino Unido de Bretaña que son centralmente los que forman parte de esa Provincia y a quienes se les usurpan territorios y recursos pesqueros fundamentales para la radicación población e industrial y la generación de empleo. Es decir, un desarrollo económico vital para asegurar la soberanía política en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y en el control del paso bioceánico y el acceso a la Antártida.
Nuestra Fundación DEMANDÓ para proteger el medio ambiente marino; la sostenibilidad de las especies y defender al consumidor; pero, todas estas cuestiones, ponen riesgo también la sustentabilidad de Tierra del Fuego y el bienestar de los fueguinos.
No ponemos en duda (aunque algunos sí), que las decisiones que se tomen sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur; las aguas correspondientes y sus recursos naturales, deberán contar con la opinión y decisión del pueblo de Tierra del Fuego. Ello, pese al insostenible artículo 2° de la Ley 23.775 de Provincialización de Tierra del Fuego, en contraposición con lo prescribe la Constitución Provincial en sus artículos 2°, 81° y 87° y, no puede haber Acuerdo alguno con el Reino Unido que respete la integridad territorial argentina, si eso supone reducir los límites y consecuentes recursos de la Provincia.
Es indispensable para todos los argentinos, que Tierra del Fuego, sus dirigentes y su pueblo, se pongan al frente de la conducción política de la “Cuestión Malvinas”, de modo de iniciar el estudio y debate de aquellas iniciativas que caminen: primero, a fortalecer estratégicamente a la Provincia y, segundo, a elaborar herramientas destinadas a la administración de Malvinas y sus aguas. Entre ellas, nos imaginamos:
a) Administrar las Islas. Es necesario planificar, demostrar internacionalmente y administrar los archipiélagos con hechos concretos que demuestren la titularidad del dominio, la jurisdicción y el gobierno, dando por terminado la etapa de la declamación.
La Provincia, aún sin la posesión de las Islas, debe hacer actos de administración y uno básico es declarar que la pesca en los archipiélagos es Ilegal y ello debería dar lugar a sancionar las herramientas legales que declaren la Emergencia Pesquera y Ambiental mientras la Provincia no recupere la administración de los recursos en las aguas bajo su jurisdicción y dominio. Es asombroso, que la DEMANDA que está realizando la Fundación Agustina Lerena no esté precedida de sumarios y sanciones de la Autoridad de Aplicación de la Nación a los buques pesqueros que pescan en el territorial nacional y de Tierra del Fuego. Una demostración que no debería dejarse pasar y, que nos debería llevar a salir de la sola declaración de “Las Malvinas son argentinas”.
b) Parte de los recursos pesqueros que se detallan en la DEMANDA, expoliados de las aguas de Malvinas pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego. Y ello, supone rediscutir la adhesión de la Provincia al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) y en especial al Artículo 3° que indica que: “Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción los recursos vivos del mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas”; aplicable también a los archipiélagos de Malvinas; contradiciendo los citados artículos 2°, 81° y 87° de la Constitución Provincial.
De recuperarse Malvinas no se podrían sostener el Archipiélago si se mantuviese el citado artículo 3°, ya que la mayoría de los recursos pesqueros se encuentran en la ZEE de las Islas y no en su mar territorial. Es decir, Tierra del Fuego debe rediscutir la jurisdicción con la Nación; pero, mientras tanto, debiera tener en cuenta que en las Islas es donde se realiza toda la logística que permite sostener la pesca en las aguas argentinas de Malvinas. No habría pescar ilegal si las Islas no existiesen. Paralelamente, discutir los derechos sobre los recursos migratorios, ya que la pesca en Malvinas perjudica a todo el ecosistema argentino y en especial a Tierra del Fuego.
c) La pesca se realiza a través de concesiones a empresas, ya que el recurso es de dominio del Estado.Las concesiones deberían radicarse en territorios estratégicos y, Tierra del Fuego es uno de ellos y, establecer reglas de explotación que favorezcan la radicación industrial y el empleo.
El modelo dc concesión pesquera que se aplica mediante la administración nacional y regula la Ley 24.922 es altamente perjudicial para Tierra del Fuego, pese a tener un representante en el Consejo Federal Pesquero. Los desembarcos de 2025 en Ushuaia con 25.411 toneladas representan el 3% del total nacional desembarcado y, además de ello se redujeron en un 22,3% en relación a 2024 y están en baja sostenida desde 2009 donde se desembarcaban más de 90.000 toneladas; además, de muy bajo valor agregado y procesarse muchos de estas materias primas desembarcadas fuera de la Provincia.
d) La Provincia debería recuperar el Puerto de Ushuaia terminando con una intervención que atenta contra la autonomía provincial y el Puerto de Rio Grande debería construirse en forma moderna, tecnificarse y adecuarse a los nuevos requerimientos de los grandes transportes. No es posible imaginar una Provincia autónoma, sin estos puertos bajo su administración.
e) La Provincia debería promover el desistimiento por parte del gobierno nacional de los Acuerdos de Madrid; el pacto de Foradori-Duncan y Mondino-Lammi; además, de declarar vencida la Ley 24.184 de Protección y Promoción de las Inversiones Británicas en la Argentina. No es posible sostener “eliminar todos los obstáculos que impidan el desarrollo de los archipiélagos” como refiere el Pacto Foradori-Duncan, sin afectar los intereses y la soberanía de Tierra del Fuego. Estos documentos intentan debilitar la soberanía y las potencialidades de Tierra del Fuego y su gente.
f) Todos los transportes navales o aéreos que tolera la Nación favorecen el abastecimiento de bienes a las Islas; intercambios de tripulaciones y desarrollo sostenido de los archipiélagos. Los transportes a Montevideo y Puerto Arenas, facilitan la logística y la continuidad de la invasión británica. Estos transportes son centrales para la ocupación; la explotación, la logística y el comercio de los recursos; más aún, cuando los grandes transportes ya no pueden transponer el Canal de Panamá; además, de su fragilidad derivada de las tensiones entre Estados Unidos y China. Tierra del Fuego está destinada a ser el “hub” de la Argentina Austral si lleva políticas adecuadas en este sentido.
g) La cuestión de la Protección del Espacio Aéreo Provincial y ya prohibición de instalaciones extranjeras vinculadas a la Defensa o al estudio del espacio aéreo; debieran ser un motivo de preocupación de los dirigentes de Tierra del Fuego. La puerta de entrada a la Argentina, para bien o para mal, está sin lugar a dudas en la Provincia.
h) La regulación del uso del suelo en la Provincia debería ser una de las prioridades. La ocupación de Malvinas y de sus territorios marítimos nos hace presumir el avance extranjero sobre los territorios del resto de la Provincia.
i) Respecto a la instalación de la Base Naval. A la par de estar exclusivamente bajo el control de las Fuerzas Armadas Argentinas; debería evaluarse si resulta suficiente, a la luz de las nuevas tecnologías de defensa. Misiles, antimisiles, drones, boyas inteligentes, etc. que podrían dejar vetusta la mejor infraestructura.
Tenemos mucha confianza en la Resolución del Juzgado de Río Grande, donde el reciente fallo de la Sra. Jueza Dra. Mariel Borruto en la causa contra las compañías petroleras Navitas y Rockhopper ha demostrado tener un gran conocimiento, interés y preocupación sobre los daños ambientales que causan estas explotaciones sin la realización de los oportunos Estudios de Impacto Ambiental y, el debido control de la Autoridad de Aplicación Argentina como producto de la invasión británica de las Islas; donde la Jueza, además, ha entendido que la pretensión no se agota en una controversia técnico-ambiental y subyace la defensa de la soberanía nacional como bien colectivo e interés federal.
Nosotros, modestamente agregamos, que los efectos de exploraciones sísmicas petroleras, podrían ser el motivo, del cierre por dos años consecutivos, de la campaña de explotación de la especie calamar “Loligo” en las Islas.
Dr. César Augusto Lerena