Cuando el 2 abril de 1982 la Argentina recuperó Malvinas debió conocer los riesgos de semejante decisión. Era más difícil imaginar que ese General, ex comandante de la VII Brigada de Infantería de Corrientes y, afecto al whisky, podía ser elegido presidente de facto de la Argentina, que suponer que el Reino Unido de Gran Bretaña (R.U.), con su historia y frente al resto de las potencias, aceptaría sin más, abandonar las Islas. Oficiales, suboficiales y soldados argentinos cumplieron la consigna de tomar Malvinas en forma incruenta y, luego, combatieron heroicamente, pese a la incapacidad de la conducción general, una estrategia errónea y la falta de armamento suficiente y moderno para enfrentar con éxito a una de las armadas más importantes del mundo. Muertos y heridos fueron un pago lacerante y excesivo de la lucha y, sin embargo, ya nada hacía suponer que algo peor podría suceder que aquel 14 de junio de 1982, pero, la recuperación legítima de 11.410 km2 de territorio argentino, nos llevó -por el pésimo desempeño del P.E.N., la diplomacia y los legisladores- a perder gran parte del Atlántico Sur, el Océano Antártico y la Antártida.
Algunos argentinos dicen, que hubiera sido mejor ser colonizados por los ingleses que por los españoles. Todavía no se dieron cuenta, que sí, que -mal que nos pese- nos colonizaron los británicos. Cuando el 12 de agosto de 1806 echamos (mejor dicho, los orientales) a los ingleses de Buenos Aires, comenzó un largo y silencioso derrotero de ocupación inglesa, con la complicidad de gobernantes y la tolerancia de los ciudadanos informados.
«De los esfuerzos de este día depende la suerte de la América del Sud», diría el Gral. Antonio José de Sucre a sus soldados al iniciarse el 9 de diciembre de 1824 la batalla de Ayacucho, que terminaría con los realistas españoles en América. No sabía que, a pocos meses, el 2 de febrero de 1825, se firmaría el «Tratado de Amistad, Comercio y Navegación» entre el R.U. y las Provincias Unidas del Río de la Plata, tratado, que luego repetiría Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, transfiriéndose la conducción económica y financiera a los británicos.
En él se estableció una “Perpetua Amistad”, que no le impidió al R.U. en forma oscura y traidora invadir las Malvinas en 1833 y, se establecieron, una serie de privilegios, como transformar en inembargables sus posesiones, la libre navegación en mares y ríos, la aplicación de la “cláusula de Nación más favorecida” en todos los negocios, incluso, más beneficiosa que las que pudieran recibir las empresas argentinas. Se ratificó en el Tratado Roca-Runciman suscripto en Londres el 1 de mayo de 1933 y, en las Declaraciones Conjuntas del 19 de octubre de 1989 y, 18/19 de diciembre de 1989 en París, convertidas luego, en el Tratado del 14/15 de febrero de 1990, comúnmente llamado de Madrid y, en el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones” en Londres el 11 de diciembre de 1990, complementario del anterior, convalidado por Ley del Congreso de la Nación Nº 24.184.
El Dr. Julio C. González (Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, 1998), a quién aprovecho para rendirle mi más justo homenaje, por ser el primero, que en sus artículos de “La Prensa” (15/3/1990) y en “El Informador Público” (1993), desenmascaró con valentía y dignidad ciudadana este ruin Tratado, entiende que, «el vocablo “declaración” es inapropiado e improcedente, ya que, cuando tal manifestación genera obligaciones recíprocas para los Estados que la suscriben y para terceras organizaciones jurídicas internacionales, el término que debe usarse es “Tratado”, y, por lo tanto, si no media aprobación del Congreso no habrá de ser obligatorio para la República ni tendrá el carácter de ley suprema de la Nación». El promotor de estos últimos Tratados fue el entonces Canciller y luego Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, con el apoyo de gran parte del arco político nacional.
Estos Tratados terminaron con la Argentina soberana, industrial, tecnológica, científica y dueña de sus recursos naturales y servicios públicos y, la devolvieron, a sus orígenes de proveedor de granos, transgénica, semilla-dependiente y química-fumigada. La Argentina del monocultivo, con los servicios y los recursos naturales privatizados. De la Argentina con un mar territorial de 200 millas marinas, por imperio y defensa de la Ley 17.094 (Roberto Roth) a la Argentina de la Zona Económica Exclusiva depredada por británicos, españoles, chinos, rusos, taiwaneses y coreanos. Un país colonizado, que, pese a tener ocupado por los ingleses 1.639.000 km2 de su territorio marítimo, declara no tener hipótesis de conflicto y desarma sus fuerzas armadas. Un lugar, donde bajo pretexto de la globalización, se extranjeriza el idioma y los hábitos culturales y alimentarios.
La inducción británica es tal, que nadie, a costa de ser calificado “de cabotaje” se anima a denunciar estos Tratados y, muy especialmente el de “Madrid”, aunque sea ignominioso y, hayan transcurrido ya casi treinta años. Por el contrario, una serie de amanuenses siguen abrevándose en él, para firmar declaraciones y acuerdos que profundizan la dependencia nacional.
Estos Tratados se completaron con la sanción de la Ley Nº 23.968 (10/9/1991) de los “espacios marítimos” que determinó las líneas de base y la Ley Nº 24.543 (13/9/1995) que ratificó la CONVEMAR, a cuya sanción -modestamente- nos opusimos sin éxito con el apoyo de un par de Senadores liderados por el Senador Pedro Molina (PJ Santa Cruz), que le permitieron al R.U. considerarse -en forma ilegal- como un país ribereño en Malvinas y, promover, en la actualidad, la multilateralidad regional del control de las pesquerías, para tratar de intervenir, en un pie de igualdad con la Argentina, en la administración de los recursos en el Mar Argentino; motivo por el cual, hoy insistimos en oponernos a la ratificación del Acuerdo de Nueva York y al Convenio del Atún.
Todos hacen silencio. Todos. Hacen silencio y son incapaces de proyectar una estrategia para salir de esta trampa que sume en la derrota perpetua a quienes creen que todo está perdido y, a una gran mayoría de argentinos, que ignora cuál es la situación del país. Los que solo se enervan cuando se trata de alentar a los connacionales en las competencias deportivas.
Para iniciar las negociaciones que derivarían en el Tratado de Madrid, la Cancillería le encargó al Embajador jubilado Lucio García del Solar, las tratativas con el Encargado británico ante la ONU Sir Crispín Tickell y éste se reunió a solas el 16/17 de agosto de 1989 en Nueva York. El Embajador inglés le dijo al argentino: «le pedimos que la Argentina reconozca que existe, en la práctica, una FICZ (una zona de exclusión pesquera). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público, simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas». A lo que García del Solar respondió: «…El levantamiento de la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ»[1]. Ello significó la extracción de recursos pesqueros argentinos, desde 1976 a la fecha, por un valor final de hasta 148 mil millones de dólares, motivo por el cual, los habitantes de Malvinas tienen uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y, como veremos, el control militar británico, lejos de reducirse, se amplió. Su intervención en el Tratado de Madrid opacó, lamentablemente, su trabajo en la redacción de la Res. 2065.
Argentina y el R.U. acordaron, en primer lugar, aplicar la fórmula inglesa “del paraguas”, con la cual, ambos países aceptaron el tratamiento de distintos temas, en tanto y en cuanto, ello no significase reconocimiento alguno sobre la soberanía de Malvinas. Las consecuencias están a la vista, en 1982 los británicos ocupaban Malvinas y tres millas alrededor, hoy, invaden y explotan las Islas y doscientas millas, crearon una reserva de 1 millón de km2, reivindican derechos sobre la plataforma continental y la Antártida Argentina. Quiebran todas las Res. de la O.N.U. Nº 31/49; 2065/65; 41/11; 3171/73 y 3175/73 y, nosotros permanecemos congelados, declamando ante los foros internacionales.
Dejaron sin efecto la Zona de Protección Militar (FIPZ) alrededor de Malvinas, pero establecieron un “Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíproca”, y otros, que de transitorio no tienen nada, que obliga a la Armada Nacional y, a la Fuerza Área Argentina (al Ejército no se lo incluyó) a informar al Comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas Malvinas todo movimiento marítimo y aéreo en el Atlántico Sur Argentino entre el paralelo 46º S (altura Comodoro Rivadavia, Chubut) y 60º S (altura de las Islas Orcadas), es decir, cedimos nuestra soberanía territorial, de defensa nacional y autodeterminación, en millones de km2 del espacio marítimo y aéreo argentino a los británicos, frente, a la misma Patagonia y Antártida Argentina. ¿Hay algún argentino informado que se crea que nuestro país tiene solo ocupada Malvinas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y, que el gobierno de turno le diga, graciosamente, que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto?
Se estableció también, que ambos gobiernos se intercambien información sobre todo el movimiento pesquero entre el paralelo 45º S (altura Puerto Camarones, Chubut) y el 60º S (altura de las Islas Orcadas), es decir, por fuera de las 200 millas ocupadas ilegalmente alrededor de Malvinas por los británicos; además, evaluar en forma conjunta esa información y, buscar formas de cooperación, aún a sabiendas, que el R.U. no tenía capacidad alguna para investigar y conservar los recursos y, por el contrario, la Argentina, a través del INIDEP aportaría sus científicos y buques para hacerlo.
No es casual que, en ambos casos, los británicos determinaran el límite sur en el paralelo 60º S, ya que es el límite norte del Océano Antártico y el Área de aplicación del Tratado Antártico y de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), donde no se puede realizar ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del Tratado Antártico y, estando prohibidas, entre otras, todas las medidas de carácter militar y, donde interesa preservar el Continente Antártico y las aguas que lo rodean, exclusivamente, para fines pacíficos.
Por otra parte, se pactó la posibilidad de que los isleños puedan tener relaciones comerciales con el continente, lo que es muy razonable, en atención a que, si es un territorio argentino, es lógico entender que las islas puedan efectuar intercambios con esta parte del país, pero, es un absurdo que los visitantes del continente deban sellar sus pasaportes como si ingresaran a otro país o no puedan adquirir propiedades o realizar negocios en Malvinas.
Acordaron la factibilidad de un Acuerdo de Cooperación, que la Argentina rápidamente efectivizó, facilitándole vuelos a y desde Chile y San Pablo (últimamente) a Malvinas; aceptando la puesta en marcha de una Comisión Conjunta de Pesca que les permitió a los isleños conocer la biología de los recursos que migran a Malvinas y en el área donde las empresas extranjeras licenciadas por el gobierno ilegal de Malvinas pescan; acordó un área de reserva al este de Malvinas para impedir la pesca ilegal y fortalecer el otorgamiento de licencias pesqueras en Malvinas; aceptó sin queja alguna, la ocupación de facto de 1.900 km2, un espacio denominado GAP al norte de Malvinas y por fuera de las 200 millas de las islas donde se concentran grandes contingentes de calamar; vedó la captura del calamar a los buques argentinos para asegurar la llegada de esta especie a Malvinas para que pudiesen ser capturados por los buques extranjeros con licencia británica. Una sostenida “colaboración unilateral” de Argentina que nunca tuvo contrapartida británica y, sirvió para consolidar la ocupación inglesa en Malvinas.
Casi nadie está exento de responsabilidades. El recientemente fallecido Dante Caputo fue el gestor inicial del Tratado de Madrid y, no pudo concluirlo porque se aceleró el fin del gobierno en 1989, pero luego, como Diputado, dio su voto afirmativo al Protocolo de Garantías de Inversión en 1992. Los Tratados los terminó concretando Cavallo y, casi todos los diputados y senadores nacionales de las distintas extracciones partidarias transformaron en Ley el proyecto elevado (Mensaje Nº 203) por Carlos Menem, Guido Di Tella, Domingo Cavallo y León Arslanián, que, según Julio C. González «fue redactado por el Foreign Office» (Ob. Cit pág. 129).
A todo esto, nuestra debilidad es creciente, el Proceso echó a “Isabelita” Martinez de Perón y, adujo, que “el país estaba al borde de la disolución nacional” con una deuda externa de siete mil ochocientos millones de dólares y, hoy debemos 327.167 millones de dólares, que representan el 77% del PBI.
En 2016, los Cancilleres Malcorra y Faurie ratificaron el Tratado de Madrid para llevar adelante el pacto Foradori-Duncan y seguir entregando nuestros recursos a cambio de absolutamente nada. ¿Diplomáticos probritánicos? No necesariamente. Textos, estratégicas y resultados probritánicos.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
2 de abril de 2019
[1] Clarín (Oscar Raúl Cardozo), 2da. Sección, pág. 10, 29.3.92.